Mientras que el actual gobierno federal muestra áreas de grandes aciertos, de volver al orden luego de tantos años de caos (como es el caso de la PGR, que lamentablemente costara la renuncia de Jesús Murillo Karam, a pesar de su impecable actuación jurídica en el caso de los chamacos asesinados de Ayotzinapa): hay otras que parecen dar palos de ciego y meter en problemas al Presidente.
Es el caso de la Secretaría del Trabajo y demás dependencias involucradas en el caso de los trabajadores agrícolas en Baja California. El hilo negro y el agua tibia tienen miles de años ya inventados y sin duda que la campaña mediática sobre la “explotación laboral” a los indígenas en San Quintín y otras regiones de Baja California aunque no es un asunto nuevo ha impactado, pero no necesariamente a favor del gobierno y ni siquiera de los trabajadores.
A no ser que haya algún motivo político contra los empresarios agrícolas o alguna venganza contra alguno de ellos en particular que los mexicanos desconocemos -y los demás están saliendo gravemente perjudicados-; lo cierto es que por los resultados obtenidos se podría decir que hirieron de muerte a este importante sector productivo y a los trabajadores (ya encuerdados) difícilmente los podrán volver al orden.
Es obvio que el secretario del trabajo, o fue engañado por los suyos y metido en una trampa sin salida, o de plano desconoce del todo el tema. Su trabajo en la Procuraduría del Estado de México fue eficaz y productivo, pero no somos buenos para todo ni conocemos todo, y lo que está sucediendo en la península lo deja en pésima posición.
Sin defender a nadie ni denigrar a nadie; simplemente tratando de llegar a la verdad de los hechos (que a final de cuentas es parte del deber periodístico), es necesario aclarar algunas cuestiones de cara a la opinión pública de tal manera que se puedan emitir juicios de valor y no solamente condenas viscerales y populistas:
1) El salario mínimo actual es de $70.00 pesos diarios ¿no es así? Sucede que la mayoría de los jornaleros de la zona (sobre todo entre los productores de fresa y berries) ganan entre $200 y $300 pesos por día. No se debe, aunque sí se puede, ya se vio, que por los menos se dañe a los más.
2) Ningún empleador del país concede vivienda a sus trabajadores, ¿o sí? De ser así exijo de inmediato la mía, pues hasta ahora nadie me ha ofrecido ninguna. La ley marca que el trabajo sea remunerado, nada más, y tal pago ha estado siendo cumplido (la mayoría por encima del mínimo, con tres o cuatro mínimos por trabajador). Conseguir donde vivir ya es cosa del trabajador y si no hay un contrato previo que el patrón se obligue en ese sentido, no se tiene porque exigir ni ser linchados los patrones en los medios.
3) Es costumbre, y los “usos y costumbres” entre los indígenas son muy apreciados y defendidos, que varios de los empresarios de la zona les dejen algún espacio para los que se quieran quedar (y ahorrarse lo de la renta y juntar más dinero), pero a los que deciden hacerlo les corresponde hacer algo para instalarse. No hay engaño. Es decisión de parte.
4) En los medios no se ha dicho que dos y hasta tres miembros de una familia trabajan de tal forma que tres sueldos pueden juntar diario entre $600 y $900 pesos diarios, depende del patrón al que sirven.
5) Los comentaristas de televisión se han desgarrado las vestiduras asegurando que “explotan” a los niños. No es así, los trabajadores al no tener donde dejar sus críos se los llevan y los niños siempre desean hacer lo que hacen los padres. ¿Por qué el gobierno federal o el estatal no les han puesto guarderías?
6) Entre las primeras cosas que hacen muchos de estos trabajadores sureños al llegar a Baja California, es comprarse un auto de desecho en los múltiples yonkes de la zona, lo cual pueden hacer con $300 o 400 dólares, que en sus lugares de origen es imposible adquirirlos. Ni trabajo tienen siquiera, menos comprar vehículos.
7) El problema se agrava y repercute socialmente al no saber manejar, ya que acostumbrados ancestralmente a la embriaguez, provocan una enorme cantidad de accidentes de altos costos en muchos sentidos (cosa que en la televisión no dicen, guardan silencio).
En suma: el gobierno federal tendrá que evaluar lo que suceden en San Quintín de manera más justa, pues si bien es inadmisible la explotación laboral en cualquiera de sus formas (en Guadalajara en los centros comerciales se le paga $90 pesos diarios a los trabajadores del aseo –mediante outsourcing-), denigrar sin razón a los empleadores es igual de inadmisible.
Lo mejor en todo caso es una revisión campo por campo, sin exigir al empleador más de lo que la ley señala y ha pactado previamente con el trabajador, como también someter a los agitadores agrícolas al imperio de la LFT. Urgidos de empleo, de producción en el campo y paz social, desatar un aquelarre contra los inversores agrícolas puede provocar enormes daños al país, cuando lo que necesitamos y con urgencia, es diálogo y trabajo, mucho trabajo para poder sacar al país luego de tantos años de caos y violencia ¿o usted que considera estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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