La persecución de un convoy de criminales en la autopista México-Guadalajara en el Estado de Michoacán, llevó finalmente a la Policía Federal hasta una de las madrigueras de los criminales. Se habla de que eran integrantes del CJNG, asunto que para fines pragmáticos no importa si es perro o perra, lo importante es que se acabe con la rabia.

     El cansancio social hacia esta plaga de criminales que azota el país de frontera a frontera y de costa a costa, pero que en algunas zonas del país tiene tiempo si no es que años en crisis agobiando a la población con una especie de bullyng múltiple, ve con alivio la contundente respuesta del gobierno federal.

La reciente derrota contra el ejército y fuerzas federales en la costa de Jalisco en la que murieron varios soldados y policías, dejó ante la opinión pública la sensación de que fuerzas del orden locales expusieron a sus compañeros federales a su asesinato ¿Entre sus superiores y en el gobierno no hay responsables inmiscuidos? ¿No hay funcionarios de Jalisco coludidos con los criminales?

     Porque la verdad sea dicha, es muy difícil e improbable que un grupo criminal, como quiera que se llame, pueda pasar desapercibido por el gobierno de un Estado. Los métodos de control, así como las modernas tecnologías permiten vía satélite, detectar qué grupos se mueven y en qué dirección. Es impensable que no sepan cuando 10 o 20 camionetas repletas de rufianes armados se desplazan sin que las autoridades lo sepan.

Así que la detección y aniquilación de este grupo de malvados que lo único que aportan a la sociedad son secuestros, asesinatos, robos, extorsiones, despojo de casas, ranchos, terrenos, negocios, producción agrícola, abuso sexual contra familiares y demás, debe considerarse un acierto del gobierno federal. La sociedad toda aplaude estas acciones que corroboran el compromiso del régimen para acabar con esta fauna nociva que se desatara en el gobierno de Zedillo, pero que quedara fuera de control con Fox y Calderón.

Cuarenta y dos criminales fueron abatidos. Guste o no, los delincuentes es el único lenguaje que conocen. Si fueran individuos de razón estarían en las universidades o en los templos buscando su razón existencial, mientras que sus hechos demuestran su repudio a la ley, al orden, al trabajo y a los principios que rigen a la mayoría de los mexicanos. No a todos.

Y se dice que no a todos, porque apenas se estaba apagando el fuego y el humo de las armas disipándose, cuando las comisiones de Derechos Humanos habían aparecido ¿Por qué nunca aparecen cuando los delincuentes secuestran a un ciudadano de bien? ¿Cuándo un negocio es extorsionado por estas lacras parasitarias? ¿Por qué jamás se les ve cuando los vándalos asaltan y queman edificios públicos, cuando se roban tráiler y camiones con mercancías y reparten lo que no es suyo para luego ponerles fuego? ¿Por qué jamás acuden a las casetas de autopista para levantar acta del robo del peaje y de la extorsión a los viajeros?

Quien debería aparecer en primer orden es el agente del Ministerio Público para iniciar la averiguación correspondiente y dar fe pública de los hechos acontecidos. No las señoras alcahuetas de los “derechos humanos”, que además de simples protectoras de vándalos y delincuentes, jurídicamente no deberían de existir. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran (todavía) las garantías individuales, suficientes para tutelar los derechos del ciudadano frente a los posibles abusos del estado. Si seguimos permitiendo la creación de nuevas figuras pseudo legales para cuidar a las legales, no habrá dinero alguno que ajuste para sostener la abultada burocracia.

     Se requiere pues, y esto con urgencia, una cultura de la legalidad entre todos los mexicanos. Una tarea que debe empezar en todos los hogares, en las escuelas, universidades, negocios, empresas, iglesias, y por supuesto, en el gobierno en todos sus niveles.

La razón primigenia por la cual este país se ha sumido en un sangriento pantano de maldad es la falta de Dios entre nosotros. Podrá negarse lo anterior, incluso ser tomado a burla, pero en absoluto cambia la situación. Quien cree y ama a Dios como consecuencia es un buen ciudadano y el respeto a la ley y la armonía entre los hombres son parte de su cosmovisión.

Pero como la fe es un asunto personalísimo, lo menos que podemos hacer los mexicanos para revertir este clima de maldad que nos angustia y oprime a la mayoría, es promover de inmediato la cultura de la legalidad. Se puede empezar no pasándose los altos, no estacionarse en doble fila (aunque su hijo sea el más importante del planeta), no tapar cocheras, no dar mordida al agente o al policía corrupto y exigir (a Tránsito, las dependencias policiacas o las Procuradurías que eficienten un departamento de queja ciudadana, lo cual permitiría acabar con esa hibridez de los “derechos humanos”).

Que el gobierno haga también su tarea y comience a meter a la cárcel a tanto ladrón del presupuesto ¿Cómo entender que Emilio González Márquez ande libre cuando gastó de manera discrecional $74,000’000.00 millones de pesos y todavía no rinde cuentas?

Las Sagradas Escrituras nos muestran la diferencia entre una cosa y otra: “cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pueblo gime” (Prov 29:2).

En conclusión: siempre será lamentable la muerte de un ser  humano, pero de que muera gente inocente y productiva a que perezcan los que delinquen, la respuesta es obvia. Bien por el trabajo valiente y decisivo del gobierno federal. Sin duda que la lista de delitos cometidos por los 42 criminales abatidos debe ser muy larga (e impune), pero los delitos que dejaron de cometer y la sangre que dejaron de derramar es todavía mayor. El imperio de la ley es el camino ¿no lo cree usted?.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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