El divorcio entre gobierno y ciudadanos es total. Hablan del pueblo a todas horas y todos los días, de hecho en la teoría y ante los medios de comunicación el bienestar de la población es el motor de las acciones públicas. Falso. Se gobierna para el grupo de poder en turno, para la franquicia política ganona y sus huestes, al menos así sucede en lo local.
Cuando gobernaba el PRI, es decir, los herederos legítimos de la Revolución Mexicana, el sentido social de todas o cuando menos en la mayoría de las acciones públicas era notorio, los resultados así lo mostraban. Sueldos y gobierno eran austeros. La riqueza en algunos funcionarios provenía la mayor de las veces en la información privilegiada de la que se contaba, situación que a muchas ocasiones terminaba en contratos de obra pública a través de terceras personas. Pero no había robo directo al erario.
Hoy farisaicamente se rasgan las vestiduras y todo lo licitan de manera pública y nunca en la historia de México ha habido tanta corrupción. Hablan de honestidad y transparencia y ambas han resultado tan ausentes como cacareadas, reinando la impunidad a manera de señora absolutista.
El último Presidente de la Revolución ya institucionalizada, Don Gustavo Díaz Ordaz, además de organizar las Olimpiadas de 1968, el Mundial de Futbol de 1970, de construir las primeras líneas del Metro en la ciudad de México, modernizar el país de punta a punta, recobrar el Chamizal en la frontera norte, e invertir más que nadie en educación, sobre todo universitaria (que paradójicamente fue la menos agradecida y la que lo retara): entregó el país a su sucesor con una deuda externa casi simbólica ($4,263 millones de dólares, cifra proporcionada por el propio secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena), sin olvidar que la riqueza petrolera estaba íntegra, no se vendía al exterior un solo barril de petróleo. Los recursos generados eran el producto del trabajo de todos los mexicanos, de gobiernos austeros y con visión republicana.
Para nuestra desgracia llegó Echeverría que ni era revolucionario ni era nada, un autócrata, una especie de Nerón criollo que casi todo destruyó o cuando menos perjudicó. Y de ahí en adelante México no volvería a la senda del progreso sostenido y la austeridad republicana, y si bien los discursos han sido desde entonces más floridos y retóricos, lo cierto es que los demonios de la ambición y la corrupción se soltaron sin que hasta este momento hayan sido enjaulados.
En el caso particular del Estado de Jalisco, apenas llegó Acción nacional en 1995, y las nóminas se inflaron en personal, pero sobre todo en abultadísimos sueldos, bonos y generosas prestaciones (hasta entonces inexistentes). La tan cacareada “honestidad” se limitó a bandera de campañas, pues lo cierto es que nunca en la historia del Estado había existido tanta corrupción (e impunidad); situación que los ciudadanos esperaban revertir al votar de nuevo por el PRI.
Los resultados sin embargo han hecho creer que nomás llegaron franquiciatarios con ese logo, pues el ADN histórico de los revolucionarios no se ha visto por ningún lado. Una troupe de jóvenes adictos a los medios y a declarar ha sido casi todo, las acciones a favor del pueblo han sido pocas y dispersas, no siendo capaces siquiera de mantener las instituciones públicas antaño eficaces y al alcance de cualquiera (Procuraduría, STJ, sector salud, etcétera).
Y a manera de émulo de Emilio, el actual gobernador Aristóteles ha solicitado un abultadísimo préstamo por $3,500 millones de pesos, lo que de inmediato presenta nubarrones de pobreza, menor obra y atención social para el pueblo, pues no se puede desatender que los intereses son puntuales y por muchos años.
Producto de las nuevas generaciones que no fueron enseñadas en el ahorro, la austeridad, las ideologías y el compromiso social, es obvio que Aristóteles y su equipo no saben (ni quieren saber) otras maneras de gobernar. Tal vez ayude recordarles o hacer de su conocimiento que hay otros caminos para resolver estas cuestiones.
De entrada, bajar el sueldo de todos los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel hasta un 40%, sí, a un cuarenta por ciento. Si el sueldo base del funcionario es de $100 mil pesos mensuales, con $40 mil pesos puede vivir digna y honradamente, pues con mucho menos vive más del 70 por ciento de sus gobernados.
Eliminar todas las prestaciones, así como todo tipo de asesores (para eso se sostiene la U. de G. con una inversión altísima de recursos públicos), viáticos, teléfonos, edecanes, guaruras, autos, viajes, elaborar una reingeniería en todas las dependencias y eliminar toda plaza innecesaria, pues la suma de todas estas cosas es la que a final de cuentas hace del aparato del estado un ente ineficaz, una carga onerosa y un vientre insaciable de recursos, incapaz de ofrecer un mejor nivel de vida al ciudadano. No se diga en los últimos gobiernos estatales y municipales, que en lugar de darle las gracias al equipo saliente (sin liquidar a nadie, pues se supone que servir a la sociedad es un honor y no un negocio –como lo han estado haciendo desde 1995-) los han adoptado; llegando además con su propia cauda, lo que ha engrosado las nóminas hasta hacerlas la única razón de su existencia, olvidándose de manera total de la razón original pactada en el contrato social.
Gran error es vivir de prestado, pues como señalan las Sagradas Escrituras: “En el barbecho de los pobres hay mucho pan; pero se pierde por falta de juicio” (Prov 13:23). Juicio obnubilado por la ambición, el derroche, el cuatismo, la ausencia de ideología, pero sobre todo, de ausencia de respeto y amor para el pueblo al que protestaron servir ¿O usted qué considera, estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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