No puede haber nada más abominable en un estado de derecho que la Ley se utilice para delinquir. Síntoma inequívoco de debilitamiento, de la pérdida de poder de un gobierno en alguno de sus órganos de justicia. Esto viene sucediendo en Jalisco (y otros Estados de la República) de unos años a la fecha; en lo local puede decirse que a partir de la llegada del PAN al poder estatal (1995).
El desconocimiento de las instituciones públicas permitió que Alberto Cárdenas y sus sucesores en el poder ejecutivo estatal, dejaran a la deriva la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, permitiendo que toda clase de delincuentes pervirtieran el derecho laboral, hasta convertirla en una auténtica cueva de ladrones. Peor todavía ¡en feudo de cárteles intocables, que al amparo de una legalidad mal entendida y absolutamente descuidada por el Estado, han acabado con la justicia en el estricto sentido de la palabra!
Algunos cárteles de pseudo abogados (un abogado se supone que tiene ética) de unos años a la fecha han pasado a ser amos y señores de la Junta Local. Un simple despido laboral que con $ 10 o $15 mil pesos se pudiera resolver (tomando en cuenta el salario y tiempo del trabajador), lo convierten en Laudo hasta por $ 400 o $ 500 mil pesos (mintiendo, inflando salarios y prestaciones). Claro, con la complicidad de los empleados y funcionarios de las Juntas, basta con no notificar a la parte patronal la demanda y llevar el juicio en rebeldía. Con eso.
Esta práctica, propia de cárteles o Delincuencia Organizada (si utilizamos el término legal adecuado), tiene varios años radicada en Jalisco. El anterior Secretario del Trabajo (Eduardo Almaguer) tuvo el valor de denunciar públicamente el problema, sin embargo el gobierno del Estado se mostró tibio al respecto, creciendo la soberbia e impunidad de aquellos que han hecho de la Ley Laboral su herramienta o arma para delinquir.
Los legisladores de la Ley Federal del Trabajo (1970), remanente del último gobierno emanado de la Revolución Mexicana, la crearon pensando en proteger al trabajador del patrón o empresa abusivos. Es obvio que nunca consideraron que al paso de los años la ley la torcerían entre mafias de pseudo abogados y funcionarios cómplices, convirtiendo el derecho laboral en simple negocio gangsteril de unos cuantos. Lo peor del caso que con impunidad total.
Las quejas de cámaras y patrones agraviados han tocado las puertas de Los Pinos. El Presidente Peña Nieto se ha interesado en el tema al punto que ha expresado su intención de dejar las Juntas a cargo del Poder Judicial de cada Estado.
Quizá no sea esa la solución. De entrada se requiere de poner orden de inmediato. De someter al imperio de la ley a tanto delincuente, ya sea litigante, funcionario de las Juntas, o trabajador mañoso. Existe ya un considerable sector ―al menos en Jalisco― de los llamados trabajadores “toreros” (viven de las “corridas”) que trabajan un mes y lo hacen más o menos bien, y pasado el mes provocan un conflicto o el despido. Para ello ya tienen el despacho adecuado que le ayudará a obtener mediante la extorsión de un supuesto «juicio laboral» una cantidad que le permitirá obtener ingresos muy superiores a los que podría recibir mediante su trabajo honesto.
Otra de las muchas perversiones actuales de las Juntas de Conciliación es que se olvidaron de que son tribunales para impartir justicia, laboral, pero justicia. No tribunales Inquisitoriales en que el denunciado es condenado por la simple denuncia no probada. Y es que en la actualidad la única palabra que vale es la del trabajador, convirtiendo de facto al patrón en un ente jurídico sin derechos, peor todavía, en reo de culpa cuya palabra carece de validez y respeto (como si la rectitud y la veracidad fuesen patente exclusiva del trabajador) alejando del todo el derecho para dar paso a la ilegalidad y abusos de todo tipo. La justicia para que sea tal, tiene que caminar de la mano con la verdad y la legalidad, pues cuando solo se transita con la última la injusticia aparece de inmediato. No olvidemos que hay hombres malos y mentirosos en todas las clases sociales.
Conozco de cerca un caso en que todos los trabajadores de un negocio en bloque abandonaron el trabajo y sin rendir cuentas se fueron con el socio (minoritario). Este, al siguiente día abrió una nueva fuente de trabajo, justo al otro lado y se los llevó (para aprovechar la clientela y prestigio de muchos años) lo cual denota un plan perverso y preconcebido de tiempo atrás.
Lo peor de todo es que aprovechando los beneficios de la Ley Federal del Trabajo, esos mismos trabajadores desleales (instigados probablemente por el nuevo patrón) demandaron todos a la fuente de trabajo que abandonaron, con la perversa intención de acabar con la fuente de trabajo. En otras palabras: ¡utilizar la Ley laboral para delinquir! ¿Cuál diferencia con un cártel? Bueno, sí, los cárteles siempre temen caer en manos de la justicia, en la JLCyA no, la impunidad hasta ahora ha sido absoluta.
Esta y miles de historias semejantes o peores han sucedido y están sucediendo en las Juntas Laborales en Jalisco (y muy probablemente en otros Estados), lo cual además de reclamar con urgencia la intervención del gobierno del Estado y el Federal, reclama reformas a la Ley Federal del Trabajo. Reformas en la que debe retornar la justicia a las Juntas, de eliminar ese maniqueísmo que convierte a todos los trabajadores en santos y a todos los patrones en demonios. La vida no es así y la realidad tampoco. La verdad y la justicia deben retornar a las Juntas y eliminar para siempre cárteles de abogados delincuentes y funcionarios corruptos, que den paso a funcionarios de carrera que aprendan a investigar hasta llegar a la verdad, que no den por hecho y verdad “única” la palabra del trabajador. Entendidos de que la injusticia, venga de donde venga, es injusticia que afrenta a una Nación y mina los pilares que la mantienen de pie.
Quienes sostienen la planta productiva en Jalisco (que no son las grandes empresas, contra esas no se meten los cárteles) claman airados por una intervención gubernamental que meta al orden a todos aquellos que al escudo de la LFT delinquen utilizando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Serán atendidos o tendrán que esperar a que el gobierno federal intervenga?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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