Existe el respeto por los gobernantes, para eso les elegimos, la sociedad les concede esa responsabilidad. Lamentablemente en las últimas dos décadas la capacidad y eficacia de los gobiernos va en declive, por no decir en picada. Tal parece que los gobiernos del siglo XXI no entienden cosas fundamentales, carecen de sensibilidad y solo responden a señalamientos de los medios, colocando en puestos que requieren de los mejores y más preparados en la materia, a sus amigotes y cumplir con los compromisos de campaña. Las consecuencias están a la vista.
Y aunque los problemas en este sentido son de carácter nacional (sin distinción de partido político de origen), nos limitamos a Jalisco, en particular a una institución. El reciente ataque de una persona desquiciada contra la Procuraduría Estatal (Fiscalía siempre lo ha sido y cambiar el nombre no resuelve nada, solo produce gastos innecesarios) en la que hubo varios muertos y heridos, ha dejado al descubierto lecciones que no se quieren aprender.
El gobierno del Estado de Jalisco se ha ido por lo más fácil, por buscar “culpables” y salir aparentemente airoso ante los medios (la opinión de los ciudadanos les importa un comino) ¿Despedir al Sub-procurador Rafael Castellanos y a otros funcionarios menores es la solución? La realidad es que nunca debió ocupar ese puesto, como muchos otros funcionarios en esa importante dependencia, pues el cargo reclama abogados penalistas con amplia experiencia en el ramo y un sentido de justicia perfectamente definido y probado ¿Por qué no llamar a abogados que han sido formados por esa misma dependencia con 20 o 30 años de servicio?, que saben el cómo, los porqués y las múltiples conductas de los delincuentes, que conocen perfectamente cómo integrar una averiguación para no ser rechazada por el juez de la causa ¿o se trata justamente de eso, de que se nieguen ordenes de aprehensión y autos de formal prisión?.
Todo indica que el criterio de los gobiernos actuales es mandar menos gente a la cárcel, más que nada por razones de carácter económico, que por cualquier otra cosa. Posición que de algunos años a la fecha ha producido un clima social de inseguridad a causa de tanta delincuencia e impunidad, como no se veía desde la época del Presidente Benito Juárez (durante la invasión francesa).
Considerar siquiera que cambiando algunos funcionarios y reforzar la seguridad de la entrada cambia las cosas, sería estúpido. En buena la hora que se cuiden los ingresos a la Procuraduría pues el riesgo de un ataque de alguna banda de la enorme fauna delincuencial siempre estará presente, pero ese no es el problema. El problema real es la IMPUNIDAD.
El cambio del sistema penal que nos costó casi dos siglos en perfeccionar ha sido una de las peores decisiones. En lugar de poner en los puestos clave a funcionarios capaces y experimentados que cuidaran y exigieran a todo el personal de la PGJE para que las cosas marcharan bien, tiraron a la basura lo que con tanto dinero, esfuerzo y muchos, pero muchos años de perfeccionamiento nos costaron a los mexicanos. Lo peor de todo es que para traer un modelo importado (yanqui, “of course”) que no funciona en absoluto y que resulta ajeno a nuestra manera de ser y pensar de los mexicanos.
Un modelo que según se comenta fracasó en Chile aun cuando por varios años se intentó aplicarlo ¿En qué cabeza cabe que el mexicano va a decir la verdad, que todos son inocentes y nadie es culpable de nada? Semejante barbaridad lo único que ha comenzado a abonar es la impunidad que ya campeaba a lo largo y ancho del país, pero que con el “nuevo sistema penal acusatorio” está creciendo de manera monstruosa.
Parece mentira que en un edificio tan pequeño como el de la Procuraduría en la Calzada Independencia, saturado siempre de trabajo, hubiera una eficacia tan palpable. En cambio en las amplias instalaciones actuales (Calle 14) nadie sabe nada, todo es improvisado, todos tienen miedo de opinar, de actuar, de hacer justicia (motivo por el cual existen todos en ese edificio, pero que lo ignoran), convirtiendo en elefante blanco una Institución tan necesaria como socialmente importante.
El individuo que asesinó e hirió a varias empleadas y una funcionaria de la Procuraduría además de estar enfermo, dejó por supuesto otro mensaje. A pesar de su enfermedad mental, padeció en carne propia la impunidad imperante en esa institución que debiera ser garante de estabilidad y justicia para el pueblo, que si bien es muy probable que su querella contra el dentista no fuera viable, a final de cuentas refleja la impotencia ciudadana contra una institución que debiera de atender sus justos reclamos.
Una cosa es que muchas personas vayan con simples chismes y asuntos que deben ventilarse en la barandilla municipal (no en la PGJE); y otra muy distinta que se niegue a casi todo mundo la justicia pronta y expedita que marca la Constitución.
El nuevo sistema penal carece de eficacia en una sociedad como la nuestra, impuesta e incluso enseñada a mentir desde el hogar: ¡Diles que no estoy! ¡Diles que ando fuera!, son algunas de las mentiras que aprende el niño mexicano en su hogar. Pocas son las familias donde se aprende el valor de la verdad y de sostenerla siempre.
Fraudes, robos, asaltos, saqueos, extorsiones (delitos multiplicados a causa de las nuevas tecnologías), abusos violentos contra ciudadanos, etcétera, hasta llegar a los homicidios que tienen aterrorizada a la sociedad: definen el clima de inseguridad imperante en Jalisco. Pero el gobierno del Estado no lo quiere ver, pretende vivir con invidencia, corriendo a funcionarios que con ellos y sin ellos la PGJE continuaría igual pues lo que se requiere es de un sistema que funcione y bien. El modelo de justicia importado no sirve. Dejar que el querellante lleve la averiguación, es como si el médico en el quirófano pidiera que el paciente se opere solo y él nomás cerrara la herida. ¡Urge hacer justicia a un pueblo dolido y harto de tanta delincuencia, con cuello blanco y sin cuello, organizada y sin organizar! No se olvide que el monopolio de la fuerza y la justicia le pertenecen al estado.
Urge pues meter a la cárcel a tanto violador de la ley penal, la sociedad no puede admitir que lo que en el Código Penal es delito, conforme al nuevo sistema penal no lo sea y el ciudadano agraviado se tope con la impunidad total (y una terrible frustración con un gobierno ornamental). El pueblo espera que se ponga freno a tanta impunidad ¿o usted que considera estimado lector? Agradezco a los quienes se han sumado a esta columna, ya son más de 3,000 por semana (sus cartas y comentarios son bien recibidos).
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