La condición que guarda la Planta productiva en su relación con los trabajadores, cada vez es más delicada y a punto de entrar en una crisis de incalculables consecuencias que ni el gobierno en sus tres instancias, ni los sindicatos quieren ver, mucho menos atender.

     Todo quieren que se modernice y adecue a los tiempos, excepto la visión corporativa y controladora de la mayoría de los sindicatos, cuya posición es la misma de hace casi un siglo, es decir, el control absoluto del gremio y hacer de ese control un muro infranqueable que nada tiene ver con la realidad del mundo posmodernista. Un simple negocio de control político y pecuniario (salvo honrosas excepciones que confirman la regla).

La añeja posición al estilo bolchevique en la que el patrón siempre es un “tirano y explotador” y el trabajador es “un buen hombre” que merece toda la protección del estado(aun cuando mienta, robe, ofenda, desobligue de sus deberes o los abandone de plano) es algo que ya no existe en la realidad. Los papeles se han volteado. Ahora en los juicios laborales el tirano y explotador es el trabajador y el explotado es el patrón. Bastará con hacer una visita/encuesta en las Juntas Locales de Conciliación para enterarse de lo que sucede.

La cantidad de juicios laborales y los montos multimillonarios que se manejan en la Juntas son prueba irrefutable de varias cosas. La primera, como dijera Shakespeare en Hamlet «algo está podrido en Dinamarca», o sea en México, pero sobre todo en el Estado de Jalisco. Esta situación irregular y por demás gravísima, está dañando a la planta productiva, y no nos referimos a los grandes negocios pues más del 80 por ciento de los empleos los producen la mediana, pequeñas y micro empresas. Son estas las que tienen años de estar padeciendo esta plaga (convertida ya en cáncer) sin que el estado haga algo efectivo por detenerla.

      Muchos empleados en la actualidad actúan como si fueran socios exigiendo dinero de su centro de trabajo con el menor pretexto o sin él, a sabiendas de que en la JLCyA su palabra es ley (por encima de la ley) y legiones de abogados están a su servicio para poner de rodillas al patrón. Bufetes que actúan más cercanos a los métodos de zetas y CJNG que a abogados litigantes que deben basar su ejercicio profesional con ética, justicia y derecho. 

Esta situación ajena a toda justicia, permitida y fomentada desde hace años por las autoridades laborales, ha creado en un gran sector de los trabajadores en Jalisco y otros Estados, una actitud delincuencial al hacer del despido provocado o del abandono de trabajo una abierta extorsión (absurdamente “al amparo de la ley”). Un lucrativo negocio ajeno totalmente al sentido de los legisladores.

     El cierre de empresas por esta causa, la escases de inversión, o la descapitalización de muchas otras no parece importar al gobierno. Grandes y costosos terrenos, exención de impuestos y muchos otros privilegios para los negocios extranjeros. En cambio para los de casa indiferencia, abandono y explotación ¿Es correcta semejante posición, es justa y sana para el desarrollo nacional y un contrato social equitativo? Semejante injusticia y desprecio por millones de mexicanos que se esfuerzan para crear empleos es una bofetada en su rostro. No son enemigos ni de sus trabajadores ni del gobierno. Son mexicanos que se atreven a crear y generar riqueza, pero que son desprotegidos del todo y dejados a merced de esta nueva plaga de extorsionadores que están utilizando la ley con fines totalmente torcidos.

El viernes 3 de febrero a las 13:00 horas, la fila para liquidar trabajadores en la JLCyA en Guadalajara, llegaba por el pasillo hasta la zona de los baños (muchos de ellos conocen bien esa rutina; más jugosa que ningún trabajo que requiera de esfuerzo y compromiso). Millones de pesos salen semanalmente de empresas de media tabla hacia abajo para cubrir una indemnización que debe desaparecer en el actual modelo laboral, ya que además de descapitalizar las empresas, al mismo tiempo son un freno total para la mejora de sueldos.

     ¿Qué empresa en su sano juicio se atrevería a pagar un mejor sueldo a sus empleados, a sabiendas que uno o tres meses después ese mismo empleado le puede demandar y exigir cantidades enormes en base al salario fijado? (sin olvidar que hay despachos jurídicos que a su maldad le han agregado mayor delito inventando sueldos y prestaciones que sus clientes/cómplices no devengaban).

La Ley laboral señala (art. 685) como deberían ser estos juicios: “El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio… Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y SENCILLEZ DEL PROCESO”. ¡Letra muerta es esto!, “talibanes” y demás despachos que controlan la JLCyA han dado a la interpretación y aplicación de esta ley otro rumbo con la complacencia (o complicidad en algunos casos) de los funcionarios; torciendo la ley hasta convertirla en un engendro monstruoso y tortuoso alejado absolutamente del espíritu que guio a los legisladores de 1970.

     Una solución efectiva y necesaria sería que el Congreso modifique la Ley Federal del Trabajo y desaparezcan las liquidaciones a los trabajadores, lo cual de inmediato permitiría que los sueldos mejoraran al ya no existir el temor a una demanda. Esta medida podría acompañarse con un seguro de desempleo concedido por el estado con uno o dos salarios mínimos y por un máximo de tres meses (previendo casos excepcionales por enfermedad, etcétera). Situación que por un lado no dejaría sin ingresos al trabajador y por otro evitaría el parasitarismo social.

Está claro que no pocos en la clase política y entre los sindicatos se opondrán a esta propuesta. Sin embargo es casi la única, y aun cuando alegaran algunos que va en contra de la clase trabajadora es exactamente al contrario; permitiría que los sueldos aumentaran de inmediato al no tener ya la amenaza de los juicios laborales (convertidos en muchísimos casos en vulgar extorsión).

La llegada de Donald Trump a la presidencia del Imperio no solo amenaza la caída o una renegociación negativa para México del TLC. Por cierto que no. El nuevo orden de cosas en el mundo, que conlleva obviamente los negocios en la aldea global, exige una nueva conformación e implementación que proteja la planta productiva nacional. Seríamos demasiado torpes si además de recibir la agresión del exterior contra nuestros empresarios de todos los tamaños, el estado mexicano les diera un segundo golpe, permitiendo que este cáncer de los juicios laborales continué (en detrimento abierto contra la inversión y la planta productiva).

La condición de la mayoría de las empresas mexicanas (de mediana tabla hacia abajo), que son las que dan la mayoría de los empleos en el país, estan sufriendo para mantenerse de pie ante tanto impuesto legal e ilegal (proveniente de las mafias delincuenciales a través de robos, extorsiones y secuestros), cobros implacables del IMSS, de soportar legiones de inspectores indolentes e insensibles, etcétera. El hastío de los mexicanos contra sus gobiernos requiere de atención inmediata y medidas acorde a las circunstancias.

Una verdadera izquierda política es aquella que busca y ofrece soluciones que mejoren las condiciones de vida de las mayorías y propicien un mejor reparto de la riqueza, pues pretender arrebatarla del otro por la fuerza, ni es una postura “izquierdista” y solo exhibe revanchismo; un deseo mórbido y envidioso por los dineros y bienes del otro. 

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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