El clima de violencia, asesinatos, saqueo del erario y bienes nacionales, como de corrupción en todas las esferas y estratos de la sociedad ha llegado a su límite. El gobierno federal, así como los estatales y municipales en su mayoría se limitan a declarar ante los medios sus “avances” mientras que la impunidad campea de frontera a frontera y de costa a costa sin que nadie quiera poner orden. Poder para hacerlo lo tienen, la ley se los concede, el problema es que no quieren hacerla valer. Solo ellos viven protegidos, el resto de los mexicanos estamos sometidos al imperio de los criminales y delincuentes de todo tipo y tamaño, dentro y fuera del gobierno, organizados y sin organizar.
De nadie es un secreto que el poder público (en sus tres instancias y en sus tres poderes) abrió a partir de Vicente Fox la puerta de ingreso a toda clase de alimañas y bucaneros, que desde el cargo de elección popular o desde el puesto público asignado, han hecho del erario y el poder un simple negocio privado en el que no hay reglas para robar, saquear, planear tranzas, auto asignarse mega sueldos, prestaciones y demás formas de latrocinio. Termina el trienio o el sexenio y nadie los persigue. Su botín permanece intacto, ejemplo que ha permeado a todas las clases y actividades en la vida de los mexicanos. No hay actividad (salvo honrosas excepciones) que no estén ya contaminadas por la corrupción.
Quienes debieran ser símbolo de la justicia en el país, nos referimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus magistrados se han corrompido hasta la médula, llevándose cada mes más de medio millón de pesos en sueldos y prestaciones cada uno, cargando en su extravío la pérdida de confianza de todos los mexicanos. Mientras que el 80 por ciento de los ciudadanos en edad laboral tiene un ingreso promedio de $6,000 pesos al mes, estos señores sin vergüenza alguna hacen gala de su pecado, de su saqueo, abofeteando al pueblo con su ambición desmedida. Y si los que representan la justicia resultan impresentables ¿en qué condición se encuentran Procuradurías, Cuerpos policiacos, Secretarías Federales y Estatales, Municipios, Presidentes municipales, Senadores, Diputados federales y locales, Partidos Políticos, Hospitales, Laboratorios, Sindicatos, etc.?
Un aquelarre de aprendices de políticos (como el aprendiz de brujo de Disney) ha desviado el rumbo del país a tal extremo que ya nadie quiere ni puede poner orden. Primero porque para hacerlo se requiere de autoridad moral y valor para hacerlo. Segundo, están tan ocupados en sus “negocios” y los cuerpos policiacos tan infiltrados por la delincuencia que el país se ha convertido en tierra de nadie (y el Ejército y la Marina limitados por leyes que nos los protegen y una prensa que en lugar de apoyarles les incrimina –allanando con ello el camino a los criminales).
¿Piensan en verdad que las inversiones extranjeras y nacionales continuarán en un país en el que solo se castiga poco menos del 2% de los delitos cometidos? ¿En verdad les interesa el bienestar del pueblo, si en la realidad solo se acuerdan de él cada tres o seis años para legitimar su estancia en el poder a través de las urnas?
Los mexicanos estamos bajo el dominio de ladrones y asesinos. Esa es nuestra terrible realidad la cual el gobierno no quiere ver, prefiere ver las frías estadísticas a modo del INEGI o las notas a modo de los medios a modo. La vida de los ciudadanos ya no vale nada, cualquier mocoso (menor de edad al que las Comisiones de Derechos Humanos cuidan y protegen con un celo irracional, aunque claro, olviden rotunda y absurdamente a las víctimas) puede asesinar por nada o por una bicoca, a sabiendas que nada le harán y en el caso remoto, muy remoto de detenerlo, le liberarán de inmediato.
Los asesinos hasta los años ‘60, ‘70 y hasta principios de los ’80, la inmensa mayoría pagaba por sus crímenes. Sus condenas efectivas casi siempre pasaban de los veinte años, de ahí que el freno a las consecuencias mantuviera la paz social en niveles aceptables. Un asesinato jamás debe quedar impune. El príncipe de Verona en la obra clásica de Shakespeare lo señala: “la clemencia se torna criminal si perdona el homicidio” (Romeo y Julieta, Acto Tercero).
En lo que corre del siglo XXI la fauna criminal asesina, decapita, secuestra, roba, extorsiona, amedrenta, roba hidrocarburos, siembra y trafica drogas, controla cultivos como limón y ahuacate, asalta automovilistas, peatones, negocios, somete pueblos, ciudades y Estados completos a su antojo y el gobierno no hace absolutamente nada. Si acaso declara ante los medios cosas que no concuerdan con la realidad, contribuyendo con su incapacidad y complicidad (en eso se convierten) al engreimiento de los criminales.
El país requiere con urgencia de una vuelta al estado de derecho. Todos los ciudadanos saben que los criminales el único lenguaje que entienden es el del uso de la fuerza pública. Pensar que con palabras y la protección de los derechos humanos se van a enderezar es como pedirle al volcán en erupción que su fuego no queme, que nomás se vea bonito para las fotos.
La extorsión a los negocios establecidos (derecho de piso), secuestros, asaltos, robos, las demandas laborales, el robo de mercancías, tráileres, camionetas, automóviles, a casa habitación, el asalto en camiones urbanos y foráneos, etcétera, etcétera, han hecho que la vida del mexicano se vuelva insoportable, en tanto que sus próceres políticos se la pasan pensando en cómo llevarse el presupuesto y cómo ganar la próxima elección o como apoyar a su banda o partido para mantenerse en el poder.
Todos los partidos políticos, sin excepción, han demostrado su incapacidad para proteger al pueblo de tanto delincuente de todos los niveles y de todas las raleas: empezando con gobernadores, exgobernadores, presidentes municipales, altos y medianos funcionarios, directivos de paraestatales (Fox y la cauda de parientes y amigos amasaron escandalosas y exorbitantes fortunas, igual sucedió en el sexenio pasado, en gobiernos de los Estados, municipios) todos, absolutamente todos gozan de impunidad.
En Jalisco el exgobernador Emilio González Márquez gastó de manera discrecional $74,000’000,000 millones de pesos y se le fincaron cargos por más de $ 7,000 millones solo de un año y hasta la fecha no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. En los gobiernos de Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña la comalada de funcionarios millonarios es grande y todos impunes, del sexenio de Emilio no se diga; excepto dos de sus allegados que han sido procesados, el resto goza de total impunidad.
El Congreso local tiene desde los años 90, es decir, desde que llegó el PAN al poder, viviendo en medio de derroches y escándalos, con una nómina superior en un 400 por ciento de sus necesidades reales. Juegan a hacer nuevas leyes cuando lo único que se necesita es que se cumplan las que hay. Urge pues que en la Presidencia y en los gobiernos estatales se haga un alto para revertir esta situación de violencia y corrupción desenfrenada. México está bajo el dominio de ladrones y asesinos y esto no puede ni debe continuar.
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
Correos recibidos: Hilda Gómez, Yeanette Levy, Ma. Elena Gómez M., Fernando Guzmán, Julia Antunez, Esther Guiza, Víctor Gálvez, Oscar Cornejo, Maricarmen Sainz, Sulma Eliza Ortas, Myriam Levy, a todos muchas gracias.
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