México está sumido en uno de los peores pantanos de inseguridad y violencia de toda su historia. Sin duda que hemos rebasado, y con mucho, las descripciones que en el siglo XIX hiciera Don Manuel Payno en su novela histórica “Los Bandidos de Río Frío”. Los ladrones poblanos de gasolinas superan en número, mañas y maldad, a las bandas descritas por el ilustre escritor (que azotaban esa zona en aquella época).
Para poner las cosas en perspectiva, en una semana los asesinatos cometidos por los criminales en México, todos impunes, superan varias veces a los muertos por los recientes temblores. De hecho las desgracias ocasionadas por el temblor han servido para que ríos de sangre y dolor provocados por las bandas de criminales a lo largo y ancho del país pasen casi inadvertidos. Mala señal.
Días enteros buscando entre los escombros a una sola persona, mientras que en cuatro minutos los criminales asesinan a 15 jóvenes en un centro de rehabilitación en Chihuahua. La cobertura mediática del primer hecho duraría varios días, la segunda uno solo. La muerte de personas bajo las balas o cuchillos de los asesinos ya no son noticia y para las Fiscalías solo son estadísticas. Chamba para mantener ocupados a los burócratas de Ciencias Forenses.
La vida y patrimonio de los ciudadanos que gobernantes, legisladores y funcionarios protestaron defender, es nada en la vida real. Letra muerta para ellos. Basta con acudir a cualquier Fiscalía Estatal (la de Jalisco por ejemplo) para darse cuente que las cosas no funcionan. Es el mundo de las apariencias, mucha gente, mucho movimiento, pero nulos resultados.
Resuelven unos pocos casos muy sonados y les utilizan a manera de publicidad, cuando lo cierto es que la mayoría de las denuncia son archivadas, ya sea porque los afectados carecen de tiempo para continuar el procedimiento, de dinero, o de una asesoría legal. La inmensa mayoría de los denunciantes se retiran por cansancio al no ver resultados.
El grado de impunidad al que hemos llegado, además de exhibir la presencia ornamental(extremadamente onerosa) de la mayoría de las Fiscalías; es causa número uno de la creciente criminalidad que azota el país de norte a sur y de costa a costa. Asunto agravado por el nuevo sistema penal que pocos entienden y que en la práctica solo ha servido para lanzarse culpas entre policías, funcionarios y jueces, cuando es deber de todos, SIN EXCUSA, hacer valer la ley y proteger a los ciudadanos agraviados de la enorme fauna delincuencial.
Un ejemplo: en tanto que los soldados del Ejército Mexicano se dedicaban las 24 horas a mover escombros para sacar víctimas de los terremotos, a llevar y preparar comida para los damnificados y protegerles en su desgracia; el día 23 (septiembre) los delincuentes de Ayotzinapa (dizque ‘estudiantes’) acompañados de los padres de los 43 delincuentes asesinados por los narcos locales, fueron al cuartel del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala para lanzar bombas molotov, cohetones y piedras, hiriendo a un soldado que estaba de guardia, destruyendo un cajero automático y dañando gran parte de la fachada del cuartel. ¿A quién detuvieron e hicieron responsable de dicho ataque? A nadie, repito, a nadie.
En este país está sucediendo como en el viejo juego de “Juan Pirulero”, que cada quien atiende a su juego y México que se pudra, que violentos y corruptos le terminen de destruir. Bueno, hasta los usufructuarios del ’68 y grupos de ‘intelectuales’ le apuestan al caos en lugar de exigir al estado mexicano que ponga orden. El problema toral es que para hacerlo tienen que ejercer obligadamente la fuerza y casi nadie en este país quiere hacerlo. Hay un entendimiento torcido de democracia que le confunden con el mundo Montessori, creando o permitiendo generaciones de monstruos sociales.
Bajo esta torcida óptica, ciertos grupos en unidad de algunos intelectuales han lanzado sus baterías contra el gobierno a causa del nombramiento del nuevo Procurador (Fiscal, pues), cuando ese no es de ninguna manera el problema. El problema es que desde hace casi dos décadas no se está haciendo valer la ley y la justicia está siendo negada a todos, bueno, a casi todos (los dueños del gran capital, de medios y la clase política sí tienen acceso).
Es tal la ceguera política e indigencia en los asuntos de estado, que nuestros gobernantes (en los tres niveles) ni siquiera se dieron por aludidos con la fuertísima declaración del general John Kelly, jefe del gabinete de Donald Trump, quien entre otras cosas dijo que: “Para Estados Unidos, México está al borde del colapso… y puede encaminarse a una situación como la de Venezuela”.
Cualquier gobierno serio hubiera hecho un alto. Pero no, son cortos de miras, estrechos de criterios (de todos los partidos y en todos los niveles), lo único que les importa es el bienestar de su grupo o partido, el país que se pudra, los mexicanos nos aguantan todo (creen suicidamente, olvidan la historia y menosprecian el hartazgo ciudadano).
Durante y luego de ser derrotado el Imperio de Maximiliano, la fauna delincuencial se multiplicó a causa de que el gobierno dedicaba sus esfuerzos a combatir al invasor, descuidando por ende sus deberes de seguridad interior. Al efecto, el brillante periodista (y legislador) Francisco Zarco escribió:
―”Para devolver al país la seguridad se necesitan medios eficaces y sencillos: emplear en este objeto la fuerza pública hasta llegar a impedir que se cometan robos y plagios. Esta es la primera, la más imperiosa necesidad de la situación…Para perseguir a los malhechores, para prevenir la comisión de los delitos, para hacer reinar la más completa seguridad en los caminos y en las poblaciones, no se necesitan arbitrios extraordinarios, ni levantar una nueva dictadura, ni volver a velar la estatua de la libertad. La cuestión es de administración, es de mera policía, y queda resuelto con el buen uso de la fuerza pública y de todos los elementos de que puede disponer el gobierno, entre los que debe considerarse la buena disposición de las poblaciones para ayudar al restablecimiento de la seguridad. Después… vendrán enhorabuena las de administración de justicia y de la legislación penal, sobre las causas de la lentitud de los procedimientos y de la impunidad de los delincuentes…” (Periódico ‘El Siglo Diez y Nueve’, 16 de enero de 1869).
Urge, pues, que la actitud y acciones en las Fiscalías y en el Poder Judicial cambien de inmediato. Los mexicanos han llegado al hartazgo de tanta impunidad, es hora inaplazable que se ponga un alto total a la delincuencia. Nada de pretextos baladíes para soltar a los delincuentes. Si un delito está tipificado en los códigos y una persona lo cometió tiene que pagar por ello, pues de no ser así el vaticinio del general Kelly se cumpliría y ningún mexicano de bien desea eso, ¿O usted qué considera estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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