Las acciones y omisiones del actual gobierno federal expresan abiertamente su repudio a la voluntad de los mexicanos, a la impartición de justicia y al orden legal. Tanto López Obrador como muchos otros en su gobierno se exhiben sin recato ni respeto alguno ante los ciudadanos, de manera que la Constitución y leyes que de ella emanan son violadas por ellos un día sí y otro también, violaciones que se acumulan a través de su oposición a hacer valer la ley, acrecentando con su omisión la delincuencia, el derramamiento de sangre, y la angustia del verdadero pueblo (que no es de manera alguna los incondicionales de AMLO, muchos de los cuales se han convertido de facto en cómplices de la ilegalidad oficial y en pretexto para no cumplir con sus deberes).
Las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación (cargo para el que parece no tener la menor idea de cómo desempeñarlo) vertidas esta semana, son doblemente terribles por su contenido. En primer orden su desatino en declarar como asunto o tema de estado la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, cuando este funcionario en su momento lo que hizo fue cumplir con su función de iniciar, indagar los hechos, y formar la averiguación previa —considerándose sus limitantes personales, de tiempo, de lugar y de sujetos involucrados—. Textualmente dijo: “Este es un tema del Estado mexicano, no es un tema del Gobierno de la República, no es un tema del poder judicial, no es un tema de la Fiscalía, no es un tema del gobierno del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, no. Este es un tema de Estado, en donde el estado mexicano tiene que dar una respuesta a los padres de estos 43 jóvenes desaparecidos”.
Lo anterior es verdaderamente grave por cuanto concede prioridad a una venganza de AMLO (y sus compromisos con los padres de los 43 chamacos asesinados por las bandas criminales de Guerrero, sin y con uniforme, así como con los maistros vándalos de las normales rurales) antes que procurar la verdadera impartición de justicia. En segundo lugar, se deduce que de nada le sirvió su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de donde recibe mensualmente una pensión de $ 229,000 pesos cada mes). Ya que plegarse a los deseos personales del jefe por encima de la ley y la justicia, le hace partícipe de la dictadura que comenzamos a padecer.
De hecho, lo que está haciendo el actual régimen (al que le gusta auto nombrarse 4-T) es impartir una extraña justicia, una justicia al revés, pues en este caso pretenden detener y extraditar de Canadá al policía que investigó y detuvo a la mayoría de los asesinos (para consignarlo por haber cumplido por su deber), y librar de la cárcel a los asesinos de los chamacos. Todo con la intención de modificar los hechos, de presentar como víctimas a jóvenes que andaban delinquiendo a bordo de varios y costosos autobuses robados. Guste o no, andaban de vándalos, andaban delinquiendo. Qué pena que los mataron, pero andaban fuera de la ley. Punto.
El problema, y grave en gran manera, es que el actual régimen hace caso omiso de la ley y ejecuta sus acciones a contentillo de sus seguidores, al igual que cumpliendo compromisos de campaña con aquellos que les apoyaron. No se debe olvidar que el presidente, y lo digo con dolor y responsabilidad civil (desde esta columna se ha dicho por años), nunca ha trabajado en nada y el oficio de ‘prócer’ no aparece en la Ley Federal del Trabajo. ¿Puede acaso demostrar cómo hizo para sostenerse él y su familia para andar en campaña durante doce largos años por todo el país, lo cual cuesta millonadas? ¿De qué vivió y cómo hizo para mantener las huestes de seguidores que le acompañaban?
En este contexto de contradicciones, incongruencias y falacias, la declaración de Olga Sánchez Cordero de considerar por el gobierno de López Obrador como ‘ASUNTO DE ESTADO’ la muerte de los 43 ayotzinapos (no la desaparición), —pues todos los mexicanos estamos enterados que los asesinaron— es una bofetada contra decenas de miles de mexicanos a quienes han asesinado a sus familiares, así como a los que se los han desaparecido. Además de ser un dislate jurídico inadmisible en una funcionaria con el historial de ella. No se puede admitir desde punto de vista alguno que valgan más 43 jóvenes que andaban de vándalos delinquiendo, a 53,628 mil ciudadanos que fueron asesinados en los primeros 18 meses del actual gobierno, sin que se haya detenido, consignado y juzgado a los asesinos. La impunidad es el sello de la casa. Ni qué decir de la ofensa también para los familiares de secuestrados, para los asaltados, extorsionados, víctimas de cobro de piso, robos de todo tipo, y un largo etcétera.
Y como ya se dijo en el párrafo anterior, durante el gobierno de AMLO han desaparecido 27,871 personas, y se han asesinado otras 53,628 (Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1/Jul/2020). Para los familiares de todos ellos silencio e indiferencia total, nulo acceso a la justicia dejando impunes a los criminales. En cambio, para los familiares de los chamacos de Ayotzinapa (que andaban de vándalos delinquiendo), todo el apoyo. Apoyo a tal grado que apenas regresó de Estados Unidos, el presidente recibió en Palacio Nacional a los padres de los chamacos asesinados.
Cada vez es más claro que la silla presidencial le queda demasiado alta a López Obrador. Pretender incriminar falsamente al gobierno de Peña Nieto por el asesinato de los 43 —a sabiendas de lo que realmente sucedió— desnuda de cuerpo entero al presidente y a sus impartidores de ‘justicia’. Es del dominio público que corrupción y funcionarios corruptos en el sexenio anterior los hubo en abundancia, pero de eso, a quererles endilgar el asesinato de los chamacos carece de calificativo ¿No hay en la FGR ni el Poder Judicial Federal un solo juzgador con integridad y sentido de justicia que haga valer la ley y el estado de derecho, que castigue a los culpables, punto?
Declarar los crímenes de los ayotzinapos como ASUNTO DE ESTADO, como si se tratara de hombres de bien pretendiendo convertirles en héroes y mártires cuando no lo son ni lo serán jamás; y menospreciar y desatender absolutamente a las decenas de miles de ciudadanos agraviados por los asesinatos de sus parientes, al igual que por sus desaparecidos, convierte al actual régimen en un ente injusto y reprobable. Propio de dictadores de la peor ralea. De individuos insensibles al dolor y angustias de los ciudadanos a quienes se les ve como simples votantes para hacerse y mantenerse en el poder. Nada más. De hombres y mujeres con un deseo enfermizo y malsano de poder, capaces de cometer cualquier ilegalidad, pasando por alto que lo que están haciendo es contra México, contra la justicia, y contra el orden legal.
¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!
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