De no creerse. La corrupción en el actual desgobierno ha llegado al límite de lo absurdo e impensable; a extremos surrealistas que hubieran sorprendido al mismísimo Kafka. Ver que Pío López Obrador, cuyos delitos son conocidos por millones de mexicanos, haya demandado al periodista Carlos Loret de Mola, cae en lo demencial, en lo totalmente irracional.

Hace algunos años, pocos, por cierto, ningún juez cuerdo de la mente le hubiese admitido semejante demanda. La hubieran recibido, claro está, pero desde el acuerdo inicial se la hubiesen rechazado por improcedente y absurda.

     El simple hecho de confundir el daño moral con el daño económico resulta suficiente para entender qué clase de litigio es este, que, dicho sea de paso, sólo se puede entender desde dos puntos muy precisos: 1) Un ataque directo contra la libertad de expresión (y amenaza abierta contra todos los periodistas y críticos al actual régimen autócrata), y, 2) Que bastó la influencia presidencial para recibir semejante bodrio legaloide con fuerte tufo a extorsión.

     De entrada, Pío López Obrador, en lugar de ser detenido y enjuiciado por haber recibido una suma millonaria (que fue grabada por quien le entregó el dinero) supuestamente para la campaña (“causa”) de su hermano Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México —lo cual es un delito—; el delincuente descubierto infraganti se hace al indignado y se atreve a presentar una demanda contra el periodista que hizo público sus delitos ¡Cosas veredes, mío Cid!

     En segundo lugar, la demanda como ya se dijo, es un ataque directo contra la libertad de expresión, que habrá de recordarlo por enésima vez, no es concesión o gracia del gobernante; sino garantía (hoy derecho humano) plasmado y sostenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Demanda que no debió de ser admitida.

Y en tercero: jurídicamente no procede. Ese tipo de absurdas e intimidatorias demandas millonarias carecen de vía y sustento legal en México. Son propias de la sociedad norteamericana, no de la nuestra.

Los legisladores mexicanos jamás contemplaron siquiera que los vividores o los extorsionadores (como es el presente caso de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola) hicieran de las suyas con este tipo de cosas absurdas y nocivas.

La primera demanda de este tipo que se conoce, la presentó hace algunos años el expresidente del PRI Humberto Moreira en contra del colega (y amigo desde la juventud del autor de esta columna), el Dr. Sergio Aguayo Quezada, a quien el político demandó por 10 millones de pesos por “daño moral”; demanda que obviamente no prosperó, pero que hizo que el periodista e investigador del Col-Mex tuviera que contratar abogados (y padecer el estrés que los litigios causan).

Ante este tipo de abusos de los poderosos (en el poder público) caben las siguientes preguntas: ¿Qué daño moral se le puede causar a individuos carentes precisamente de moral? (como decía con cinismo el viejo cacique potosino Gonzalo N. Santos: “¡La moral es un árbol que da moras!”) ¿Puede acaso la inmensa mayoría de la clase política en México (sin distingo de partidos) hablar de moral? No pueden, mejor dicho, no deben. Quizá ni una quinta parte de los funcionarios públicos podría legitimar su fortuna. Ya no se meten a servir. Se introducen a la política como bucaneros a enriquecerse y hartarse hasta la indigestión de poder. Lo que es peor y más denigrante ¡a la vista de todos los mexicanos!

     De manera que la absurda y condenable demanda del hermano del presidente debe ser parada de inmediato por el propio poder judicial, puesto que no se trata de ningún daño moral, sino de una amenaza descarada en contra de todos los periodistas.

El daño moral se le causa a una persona íntegra, que vive de manera decente y en sujeción a las leyes (que no es el caso de Pío López). Y la reparación de ese daño no se cuantifica en “millones de pesos” como estos ambiciosos y corruptos pretenden; sino en limpiar de manera pública la imagen de la persona ofendida o dañada en su reputación.

Queda claro entonces, que las fieras del circo, se juntaron con otras de su calaña, para pretender ilusamente por la vía legal hacerse de más millones en un campo que constitucionalmente les está vedado, NO PERMITIDO. Será bueno entonces que la defensa de Carlos Loret de Mola ofrezca entre sus pruebas los libros de Elena Chávez (El rey del cash y El gran corruptor) para que el juez conozca de primera mano cómo se ha hecho multimillonaria esta familia, así como la banda que les rodea ¿o se debe considerar partido político?

México no debe permitir que estas cosas sigan ocurriendo; que el que delinquió demande al que denunció su delito. De seguir así los delincuentes presos demandarán a los policías que los detuvieron y al poco tiempo a los jueces que los procesaron y condenaron. Sirva este absurdo y reprobable acto de autoritarismo (y soberbia desbordada) para poner orden en el sistema judicial mexicano, y condenar —de así permitirlo el estado procesal—: a una condena ejemplar al demandante, pues hasta ahora delinquió, permanece impune, y en el colmo de lo absurdo, hasta se ha atrevido a demandar.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

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