La actitud prepotente y autoritaria del anterior (y todavía) inquilino de Palacio Nacional, así como de Claudia Sheinbaum, actual titular del poder ejecutivo federal, son una constante en no pocas áreas. En particular por la llamada REFORMA AL PODER JUDICIAL, misma que la presidente(a) ha continuado promoviendo al estilo Stalin y Mussolini. Cero diálogo, cero política, y al carecer de ambas cosas, el análisis jurídico se ausentó manteniéndose presente la intransigencia y la ilegalidad.
Sí, porque de entrada se tiene que decir que dicha REFORMA AL PODER JUDICIAL es ilegítima y está viciada de origen. Las razones son varias y por demás sólidas. En primer lugar, un poder de la Federación no puede eliminar a otro. El pacto republicano se destruiría. Y eso es exactamente el contenido y sentido de la misma, en la que dejaría como resultado un poder anodino al servicio del presidente en turno (y del partido en el poder). Una escenografía legaloide que aparentara la impartición de justicia, que, anticipándonos y conociendo las amistades (y complicidad) del partido gobernante con la fauna criminal; la libertad absoluta sería para ellos. Mientras que persecución inmediata para los enemigos y críticos del régimen (la invención y fabricación de delitos se pondría a la orden del día).
En segundo, la pretendida REFORMA ESTÁ VICIADA DE ORIGEN, por consecuencia carece de toda validez. ¿Por qué razón? ¡Muy simple! El congreso, así, con minúscula, que la aprobó es ilegítimo, fue integrado ilegalmente. No representa el deseo y voluntad de los ciudadanos expresado en las urnas, sino una decisión política amañada, organizada ilegítimamente desde el poder ejecutivo, con la complicidad del INE y otros actores gubernamentales, los que a final de cuentas, nombraron a diputados y senadores que carecen del voto ciudadano, es decir: ¡DE LEGITIMIDAD!
Son el resultado de perversiones y delitos políticos por lo que carecen de la indispensable legitimidad electoral. Por consecuencia, al no estar integrado el Congreso de acuerdo a la votación de los mexicanos expresada el 2 de junio de 2024, el actual congreso, así como está integrado, CARECE DE LEGITIMIDAD PARA REFORMA CONSTITUCIONAL ALGUNA.
El 2 de junio de 2024, los mexicanos solo concedieron el 54 de los votos a la coalición Morena-Verde-PT, y el 37 por ciento de los sufragios a los otros partidos PRI-PAN-PRD y MC, de manera que mientras esa ilegalidad, esa aberrante acción inconstitucional, propia de dictaduras(ores) permanezca, toda acción de ese congreso es ilegal y tiene que ser desechada.
Autoasignarse Morena y aliados el 75 por ciento de las curules es un acto condenable y aberrante, un ataque a la democracia, pero sobre todo, UN ACTO LEGAL E ILEGÍTIMO QUE TIENE QUE SER REVOCADO Y ECHADO ABAJO, reponiéndose el procedimiento para que el Congreso se integre de nuevo y se repartan las curules de acuerdo al deseo de los votantes. Y no a los del psicópata que ocupaba Palacio Nacional (y que de lo que se sabe, no ha salido todavía).
Al respetarse el deseo pleno y manifiesto de los votantes del 2 de junio, queda claro, QUE NI LA REFORMA JUDICIAL, ni ningún otro acto totalitario podría pasar ni ocurrir.
Y mientras esto no suceda, tanto la pretendida REFORMA JUDICIAL, como la mayoría de los acuerdos que se tomen deben considerarse ilegítimos y nulos. Nadie en México votó por una dictadura populista (disfrazada temporalmente de democracia), ni siquiera la mayoría de los electores del oficialismo. El número y sentido de los votos fue claro y el voto cruzado estuvo presente (como en el año 2021). Por consecuencia la pretendida REFORMA JUDICIAL ES ILEGÍTIMA Y ESTÁ VICIADA. Esperamos los necesarios cambios y rectificación en la repartición de curules en el Congreso, y entonces, y solo entonces, veremos que sucede y cuál es el rumbo de la República. El que desean los mexicanos y no el psicópata de Macuspana.
¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!
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