JUNTAS DE CONCILIACIÓN: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Los escándalos y corrupción imperantes de la mayoría de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no podían seguir siendo tolerados. Los reclamos de las fuentes de trabajo pidiendo justicia y un alto a tanto abuso al que han estado sometidos durante los últimos años, sobre todo de mediana tabla hacia abajo, no fueron atendidos ni escuchados. Algunos medios hicieron público lo que sucedía (en Jalisco, el diario Mural lo hizo varias veces; esta columna no se diga), luego el Presidente Peña Nieto mandó la señal pública de tener conocimiento de lo que sucedía en las Juntas, advirtiendo de desaparecerlas y pasar estos juicios al poder judicial. No hubo respuesta: las Juntas hicieron oídos sordos y los cárteles laborales (como los llamados “talibanes” en Jalisco) siguieron en lo suyo sin que nadie les estorbara. Se equivocaron rotundamente.
Casi en todo el país la ambición de los numerosos cárteles integrados por abogados, si es que se le puede llamar así a quien utiliza una cédula profesional para extorsionar o hacerse de manera ilegítima de una cantidad de dinero, tomó a manera de rehén las Juntas de Conciliación en no pocos Estados, Jalisco en primer orden.
Lo que es peor y repugnante, utilizando la Ley Federal del Trabajo para cometer un sinfín de atracos a negocios y patrones que luchan para sostenerse; que agobiados por una carga fiscal demasiado alta, y que muchas de las veces son extorsionados por la delincuencia; todavía caer en las garras de profesionistas que utilizan al trabajador como mero pretexto para enriquecerse (con la complacencia o indiferencia de las Juntas de Conciliación) es el colmo.
En su mísera visión profesional en la que por supuesto la ética no existe, acaban o descapitalizan a las fuentes de trabajo con demandas de despidos inexistentes, a las que le suman sueldos y prestaciones infladas, obteniendo en los Laudos cantidades por decenas y cientos de miles de pesos, con la ayuda o complicidad muchas veces de la autoridad. Laudos de 200, 300, 400, 600 mil o hasta de millones, no se pueden entender sin la complicidad de las autoridades laborales.
Resoluciones que en derecho y justicia serían de 20 o 30 mil pesos las convierten en cientos de miles, con la ayuda de funcionarios tan corruptos como los litigantes, acabando con las fuentes de trabajo y el patrimonio familiar de ciudadanos trabajadores. Una impartición de justicia que no es justa deja de ser justicia para convertirse en injusticia.
Los llamados trabajadores “toreros” (que viven de las “corridas”) son parte del problema; capaces de tener dos y hasta tres juicios a la vez sin que la autoridad laboral les marque el alto.
En los años setenta y ochenta, las Juntas de Conciliación funcionaban de manera aceptable. No podemos desatender la inclinación del mexicano por la corrupción, situación que convierte el tema de la justicia (en cualquiera de las ramas del derecho), en una cuestión de interés nacional y permanente. No hay de otra.
Retrocediendo en nuestra historia reciente, para ser exactos a la llegada del PAN a Jalisco en 1995, y en el año 2000 a nivel nacional: los panistas con el argumento de una honestidad que carecen de manera absoluta, además de despedir a los funcionarios que conocían el tema y procuraban que las Juntas no se salieran de control; lo cierto es que las dejaron al garete, permitiendo que esta “libertad” originada en su incapacidad de gobernar se convirtiera en libertinaje. En un mundo nauseabundo de corrupción.
Baste decir que la inmensa mayoría de abogados (mayores de 50 años) rechaza cualquier asunto laboral, calificando y condenando de manera unánime a las Juntas precisamente a causa de haber caído en la corrupción total, puesto que el derecho, la justicia y la verdad carecen de espacio. Es tal el clima imperante en las Juntas que todos en sus pasillos afirman con cinismo y sorna: que “el que dice más mentiras y las prueba es el que gana”.
La verdad de los hechos, los argumentos de raciocinio emitidos por cualquier abogado, repito abogado, que se funden en la ley y en los hechos reales resultan irrelevantes en este templo de la ilegalidad y la extorsión simulada. Tribunal en el que se le ha dado la espalda a la justicia y al derecho para caer en el simple legalismo que vive del error y de la interpretación torcida de la ley para sacar un provecho ilegítimo.
Por eso el Congreso a través del Senado les tiene en proceso de desaparición. Las reformas a los artículos 107 y 123 constitucionales aprobadas esta semana (13 de octubre) para acabar con las Juntas y enviar los litigios al poder judicial, no son otra cosa que el resultado de los airados reclamos recibidos a nivel nacional a través de la Presidencia de la República. Poder que a final de cuentas parece ser que en México es el que resuelve todo (aunque no debiera de ser así). Reclamos que el Senado recogió y decidió resolver con el fin de poner fin a tanto abuso.
Y se repite lo dicho en anteriores comentarios. No estamos hablando en absoluto del trabajador ultrajado o despedido por un mal patrón, por un abusivo y prepotente. No, de ninguna manera. La cuestión fundamental por la que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomaron cartas en el asunto, fue precisamente por las voces de auxilio emitidas desde todos los rincones del país por los empleadores contra el abuso de Laudos inflados y totalmente injustos e ilegítimos (la legalidad es el problema en este momento pues se ha estado usando la ley para delinquir), originados en demandas repletas de mentiras que las Juntas comenzaron a permitir hasta convertir al trabajador en un dictador cuya palabra lo es todo y el patrón es nadie ante la ley. Un ente sin derechos ni palabra sujeto al mayor escarnio para finalmente despojarle de su patrimonio.
Ha llegado a tal extremo el poder de las mafias de litigantes en las Juntas que el trabajador se ha convertido en mero pretexto para sus ambiciones. De hecho en una especie de animal al que el fierro del ganadero señala su propiedad ¿Cómo aceptar y entender que entre los despachos se pasan los juicios sin la firma ni consentimiento expreso del trabajador? Peor todavía, que las Juntas se los permitan, cuando se trata de un acto personalísimo. Por esa misma situación los juicios se alargan pues los abogados no permiten que los trabajadores asistan a las audiencias (para que no exista ningún arreglo).
En buena la hora que el Senado hizo su parte. Habrá que esperar que las reformas no se hagan con carácter político sino en respuesta a los muchos y airados reclamos de la sociedad que sostiene este país de pie, pues como dice el Libro de libros: “La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones” (Prov 14:34). Y el pecado, corrupción, o como se le quisiera llamar, apestaba ya en las Juntas que nada conciliaban, excepto la ambición de los amafiados y de no pocos funcionarios, pues de otra manera no se podría entender tanto Laudo fuera de la justicia y el derecho.
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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