Opinión
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El gobierno de Jalisco, así, con minúscula, comprueba ante la sociedad una y otra vez su limitada visión política, ni qué decir entonces de su ejecutividad, pobre visión y compromiso con la sociedad, una visión cercana a la indigencia y alejada del todo de la grandeza vivida en Jalisco en épocas pasadas.

Auto engañados con logros publicitados por ellos mismos en los medios, con costosas certificaciones a modo (el cliente paga) y sin una sana autocrítica que les ayude a corregir y tomar el rumbo correcto, Jalisco se hunde en problemas mientras que su gobierno declara triunfos en no pocas áreas.

     En tanto pues que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado con firmeza su deseo de poner un alto al escándalo en que se convirtieron la mayoría de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el país, muchas de las cuales además de permitir saqueos millonarios en contra de la Planta Productiva nacional, se amafiaron con grupos de litigantes para literalmente extorsionar a las fuentes de trabajo a través de juicios amañados y plagados de cuanta irregularidad jurídica pueda existir. En Jalisco tal parece que no se entendió el mensaje pues las cosas siguen igual o peor.

A tal punto llegaron las quejas al Ejecutivo Federal a causa de despachos más ladrones y nocivos que los mismos cárteles (peor aún: con la anuencia y apoyo de los Tribunales Laborales) que el Presidente con el apoyo del Senado realizaron grandes reformas en materia Laboral.

El criterio de los legisladores es detener y solucionar a través de una verdadera Conciliación los problemas obrero-patronales; conciliación que a manera de filtro frene al máximo la tramitación de juicios y ponga un alto a esa clase de “trabajadores” que en realidad son meros vividores o simples extorsionadores.

En Jalisco ha sucedido al revés. En lugar de poner un alto a tanto abuso de despachos de abogados dedicados al negocio de los juicios laborales (en los que gran parte de los trabajadores son mera mercancía; ganado con fierro propiedad de los litigantes ―que la mayor de las veces no saben siquiera que su juicio sigue, que se toman decisiones siempre por encima de su deseo y que aunque en teoría son “clientes”, en realidad son mercancía para hacer un negocio ilegítimo barnizado de “legal”―) además de no detener la marejada de nuevos juicios, lo cierto es que construyeron un local más grande para el Tribunal Laboral del Estado (Conciliación, pues).

Se trata de un bodegón proyectado muy probablemente por algún ingeniero agrónomo, pues su diseño es más propio para un invernadero que para un edificio que albergaría los juzgados laborales (llamados Juntas).El calor es verdaderamente insoportable por lo que es de esperar que desmayos y deshidrataciones se pongan a la orden del día.

Ciertamente el bodegón es grande (y feo, muy feo, pero para que no derrochen más dinero público que así le dejen), lo cual lejos de inhibir nuevos juicios laborales pareciera que la intención es estimularlos. La oficina para liquidar trabajadores parece Central Camionera en época navideña ¡Llena a reventar!, situación que anuncia el empobrecimiento de muchas medianas, pequeñas y micro empresas, y no solo eso, la baja de sueldos ante el temor de que esta plaga de juicios y reclamos (la mayor de las veces injustos e innecesarios) les llegue.

A todas estas irregularidades y pésimas decisiones del gobierno estatal, habrá que agregar que el bodegón que alberga la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se encuentra en una zona de bodegas abandonadas. Se trata de la calle Palmas, en la parte trasera del Parque Agua Azul, una zona horrible, sucia, totalmente abandonada, sin lugar para estacionar los autos de quienes acuden a la Junta y por si fuera poco, super poblada de drogadictos, parias, vagabundos y vándalos, de ahí que el primer día de su funcionamiento antes del mediodía varios asaltos ya se habían cometido ¿Policías? No es posible, el presidente municipal de Guadalajara, aunque todo recibió de los gobiernos del PRI, está en lucha contra sus amigos de toda la vida, quedando el pueblo en medio de las medidas inapropiadas de uno y de los berrinches absolutistas del otro.

Es tal el cuadro surrealista de la zona, que hay un carril para “bicis” cuando es posible que tenga años de no circular una por esa zona. ¿No habrá en todo el gobierno del Estado y en el municipio una sola persona con sentido común que quite de inmediato ese carril, adapte el estacionamiento en batería (que triplicaría espacios) y de paso mande patrullas que sometan al orden a los vándalos que viven en esa calle abandonada, si no de la mano de Dios, sí de las autoridades. Se gobierna para el pueblo, no para regodearse en el poder.

Otro aspecto del terrible caos que se vive en la Junta Local es el desahogo de audiencias. Si la audiencia está fijada a las 12:00 a.m., puede iniciar a la 1:00, 2:00 o incluso a las 3:00 p.m., con el descaro de poner en el acta que se inició a tiempo ¿Acaso piensan que el ciudadano no tiene otras actividades y compromisos que cumplir? Es absurdo semejante abuso, total, si no se pueden celebrar que se fije nueva fecha y se meta en cintura a tanto abogado bribón cuyas listas parecen las del Juicio Final y no un mero cuestionario sobre los hechos principales de la Litis. Punto.

Urgen al respecto un sinfín de cosas. Primero que se ponga un filtro efectivo que disminuya de inmediato el número de demandas y juicios. Segundo, se ponga un alto a tanto despacho de litigantes al estilo “talibán” que ha hecho de la justicia laboral una sucursal de la “Cueva de Ali-babá y los 40 ladrones” (aunque en la JLCyA sean por cientos). Tercero, se remedie el efecto invernadero del edificio antes que las deshidrataciones y desmayos cobren facturas innecesarias. Cuarto, se adecúe la calle para el estacionamiento en batería (a la vez que se promueva entre las bodegas vacías que se habilite algún estacionamiento público). Quinto, se ponga orden en el asunto de las audiencias y se obligue a los abogados a que presenten a los trabajadores a dichas audiencias (y de ser posible terminar los juicios y no alargarlos mañosamente). Y sexto: se envíe de inmediato policías a la zona que metan en cintura a las bandas de merodeadores que viven en las banquetas.

Téngalo por seguro que quienes laboran en el nuevo bodegón de la JLCyA, visitantes y abogados, tendrán muchas otras cosas que aportar, aunque para hacer conciencia al gobierno de sus cuestionables decisiones es de considerar que ya se dijo mucho ¿o usted que considera lector?.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

Email: mahergo50@hotmail.com

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El rumbo que se ha trazado la humanidad en casi todos los países y culturas no parece tener un futuro promisorio. Se ha perdido en gran manera la capacidad de auto crítica en aras de una falsa tolerancia, tomando la ruta de un hiper humanismo que lejos de aportar resultados positivos lo único que ha mostrado en poco tiempo, además de su ineficacia ―por cuanto el problema es el hombre mismo―, es su carencia absoluta de un proyecto viable y la sobrada ambición, impreparación y egoísmo de quienes lideran. De la falta de sabiduría ni qué decir.

     A nivel local la sociedad a coro reclama justicia; protección inmediata ante tanta violencia. Sin embargo desde los escritorios de algunos llamados “académicos” se defiende a capa y espada un modelo penal que en México no sirve para nada, excepto para fomentar la impunidad. ¡Nada más! ¿En qué cabeza cuerda se cree que el mexicano se comportará como el anglosajón? Y es que mientras para el nuestro la mentira es de las primeras cosas que aprende en la vida hasta hacer de ella uso cotidiano (refinado en muchísimos casos), para el vecino es perjuro.

Agréguele a eso que quienes imparten justicia: llámese penal, civil, familiar, mercantil, laboral (ni qué decir de este lodazal), etcétera, lo hacen como un simple empleo y no como lo que debería ser, y se entenderá porqué la justicia se niega en Jalisco. La mayoría de los juzgadores carecen de conciencia de su importantísimo trabajo, y al no buscar ni impartir la justicia, el escudo fácil de los códigos los saca adelante, sumiéndose la sociedad en la desesperación.

En conocida cadena de tiendas que empiezan con O y terminan con XO (para preservar su privacidad) localmente están padeciendo un promedio de 300 asaltos por mes, todos impunes, o casi todos. ¿Cómo desconfiar de la palabra de un bribón?, de un parásito social que menosprecia el estudio y el trabajo y decide el camino fácil de la violencia para allegarse lo que desea. No importa que se haga del fruto del trabajo ajeno, que lesione o incluso asesine, para eso tiene a sus defensores oficiosos de ONG’S y “académicos” de escritorio. Para que digan ante la prensa que son “víctimas” de la vida (lo cual es totalmente falso). Cada quien en lo individual decide el camino a seguir.

Quien esto escribe nació en el populoso barrio de San Juan de Dios, luego vivió toda su juventud en el barrio de San Andrés, pudiendo ser testigo que la mayoría de sus amigos y jóvenes fueron gente de trabajo o de estudio (o ambas cosas). Pocos en realidad los que rechazaron el camino correcto, y todos, sin excepción, sabemos en el fondo lo que es correcto y lo que no (la conciencia nos lo dice).

A nivel Nacional vemos las bandas familiares a manera de tribus salvajes robando combustibles, sembrando amapola y mariguana, vendiendo drogas, pseudo sindicatos violentos y mafiosos (como la CNTE) controlando el enorme presupuesto educativo de varios Estados. Lo peor del caso es que exigiendo “derechos”, con el apoyo de ciertos sectores, incluso entre los medios, de otra forma resulta inexplicable que con el machacón asunto de los 43 ayotzinapos asesinados por los cárteles de la droga en Guerrero todavía les apoyen, cuando todos sabemos que andaban de vándalos y habían cometido una serie de delitos graves.

Ven que a jóvenes y niños los están envenenando los delincuentes y en lugar de defender a los niños de estas bandas de chacales sin entrañas, defienden a los delincuentes porque no se les “respetan sus derechos” y cuanta tontería se pueda imaginar en esta pesadilla social al estilo Kafka, donde lo absurdo es lo real.

Reclamar en las calles el “orgullo homosexual” (con gran apoyo de los medios, que por lo general cierran sus puertas a causas justas) es muestra patética del estado que guarda la sociedad, o cuando menos en algunos sectores. Con la apatía, temor o indiferencia de casi todos los demás.

Si crecemos la lente a nivel mundial las cosas no están mejor. Terrorismo;  injusto reparto de la riqueza a causa de la ambición de los pocos; pereza e improductividad de muchos en las nuevas generaciones (Ortega y Gasset les calificaba en los años ’30 como los “señoritos satisfechos” de la historia); modelos educativos que se aplauden cuando apenas están en fase experimental; fanatismo religioso (el cual sí se tolera y la fe judeocristiana es vista con menosprecio y  atacada continuamente con virulencia, cuando es justamente esta fe en el Dios creador que se revela al hombre caído la que nos ha sostenido por miles de años); promiscuidad sexual y rechazo a la familia tradicional: son parte del rostro deformado de la sociedad posmodernista y posteista.

La política y los políticos del presente ni se caracterizan por su capacidad ni por su sentido de justicia, mucho menos por su fe y valores, que no los tiene la mayoría. En cambio se caracterizan por laxos, mentirosos, “tolerantes” con malvados y violentos, indiferentes ante las necesidades sociales y los reclamos de justicia, corruptos (hasta lo irracional) y muchas cosas por el estilo.

      Ahora bien, todo gobierno se nutre de sus ciudadanos situación que se refleja en sus acciones públicas, de manera que el repudio a la autoridad y a responder por las consecuencias de las acciones delictivas cometidas, no nacieron en los estados, sino en los hogares y de ahí fueron llevados a los gobiernos. No a la inversa.

Una sociedad sin frenos de ninguna especie se detendrá forzosamente ante el muro de sus excesos (con consecuencias desastrosas, téngalo por seguro). Se piensa que por ser ideas posmodernas todas son buenas y que lo que nos funcionó por miles de años ya no sirve ¡Falso!

La iglesia, que derivada del hebreo Kehilá (congregación) pasó al griego como ekklesia, entendiéndola desde sus raíces bíblicas (y no clericales con sede en Roma), no ha estado haciendo su deber ante la sociedad global. Rabinos, sacerdotes y pastores han guardado silencio ante un modelo social que nos está llevando a todos al abismo.

El teólogo R.C. Sproul escribe en alguno de sus libros una fuerte crítica en este sentido y con esto concluimos: “En la cultura contemporánea post cristiana la religión es relegada a la espera privada. Si los dirigentes de la iglesia se levantan y denuncian la falsedad al momento de verla. El mundo suelta una rabieta: ‘¡Cómo se atreve usted a imponerme sus creencias? ¡Usted puede creer en la religión, si lo desea, pero hágalo en su propia casa!’ Así le ladra el mundo a la iglesia hoy…Lo que debería sorprendernos es la timidez con que la comunidad cristiana ha recibido su relegación… Nuestra responsabilidad es levantarnos… hemos comprado la mentira moderna de que la iglesia no tiene nada válido qué decir al mundo” (Cómo defender su fe, págs.. 85-86). Me limitaría agregar que sólo Dios tiene las verdaderas respuestas ante la vida y ante la eternidad, además de que también los creyentes tenemos el mismo derecho de expresar nuestras opiniones.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

 

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Ser o no ser, ya lo dijo Shakespeare. En el caso de la Secretaría de Vialidad Jalisco (Tránsito, pues), el problema, y grave a manera de desahucio, es que no es. No funciona en absoluto. La sociedad le considera muerta o cuando menos desahuciada y quienes cobran por mantener esa Secretaría supuestamente viva, lo hacen a la manera de la leyenda del Cid Campeador (que ya muerto es montado sobre “Babieca” para intimidar al ejército moro). No se quieren enterar, mucho menos aceptar, que no sirve para nada, que carece de toda función social; si acaso recaudatoria.

Bastaría con que salieran a la calle el Jefe, directores y demás personal que cobran la nómina de esa Secretaría (que son muchos millones), no en patrullas ni con escoltas, solos, conduciendo sus autos como cualquier mortal para darse cuenta que la zona metropolitana de Guadalajara (integrada por varios municipios) es un verdadero caos. Un odioso estacionamiento ya casi a todas horas.

Entre las cosas que quedan claras, es que el negocio de las licencias es eso, negocio, una simple manera de recaudar. Y es que no todas las personas tienen la capacidad de conducir tomando en consideración las reglas de la ley, el tráfico, mantener cierta velocidad, etcétera. Téngalo por seguro que cuando menos un 15 por ciento de los conductores de Jalisco en Estados Unidos, por poner un ejemplo, no obtendrían la licencia. En cambio aquí mientras cubran el importe no hay problema (los problemas lo causan esas mismas personas a diario en las calles).

Mientras que en los años 60 y 70, luego de un choque que por supuesto no había tantos, el agente de tránsito en 5 o 10 minutos ya estaba, que si bien no siempre llegaba en la mejor disposición, había un representante de la autoridad que levantaba de inmediato el croquis y pormenores para luego resolver en la Secretaría.

Hoy en día suceden cosas no extrañas, sino detestables. En primer lugar luego de un choque es más fácil que pase por el sitio un astronauta venido de la Estación Espacial a que llegue un oficial de Vialidad para resolver el problema. Pueden pasar literalmente horas (en López Mateos, Lázaro Cárdenas, Vallarta, o la que usted guste), el tráfico volverse lento e insoportable y la autoridad jamás aparece. El tráfico desquiciado, los automovilistas con el calor, la lluvia o el frío a punto del colapso, y el gobierno que le cobra impuestos por todo, incluido por transitar su auto (refrendo), le abandona a su suerte.

Si alguno de los involucrados tiene seguro, llegará un particular a nombre de la empresa aseguradora y tomando atribuciones que la ley no le concede, como si fuera funcionario público se considera señor de horca y cuchillo para resolver. Y como Vialidad en la práctica ya no existe, pues el susodicho particular hace y deshace como le viene en gana. ¿De qué sirven tantos teléfonos con cámara si no son utilizados de manera auxiliar y poder mover los autos para que no estorben?

Nadie respeta la ley y los conductores que lo hacen son vistos como “tontos”, de manera que muchos se pasan el alto, dan vuelta en lugar prohibido, se estacionan donde no se debe y hasta en doble o triple fila. No pasa nada. Vialidad ya no existe.

Miles de conductores tortuga violan a todas horas la ley (ir demasiado despacio también es infracción) van por el carril izquierdo y no se mueven por nada, ocasionando no solo accidentes a causa de su necedad, sino filas kilométricas que a manera de cortejo fúnebre les siguen hipnotizados produciendo mayor contaminación. Y no hay quien les llame la atención, que les obligue a mantenerse en el carril derecho (pues no hay muchas opciones). Desde los gobiernos de Alberto Orozco Romero, Flavio Romero de Velazco y Guillermo Cosío Vidaurri no se han vuelto a construir grandes avenidas y calzadas. Al contrario, las han reducido para las bicicletas ¡Asómbrate Ripley!.

Las motos de baja cilindrada que no pueden circular por los carriles centrales de López Mateos y Lázaro Cárdenas, todos los días y a todas horas zigzaguean ante el horror y temor de los automovilistas, sin que nadie se los impida. Lo dicho, Vialidad ya no existe.

En el corrupto gobierno de Emilio González Márquez (que hasta este momento no ha rendido cuentas) se inventó el asunto de las “fotoinfracciones”, lo cual no está mal, es un factor disuasivo. Sin embargo y como casi todo lo que tocan nuestros gobiernos, de inmediato perdió el sentido de su creación convirtiéndose en mero asunto recaudatorio, lo que es peor, no para engrosar las arcas públicas sino como negocio de particulares. Es inadmisible semejante cosa.

Por si no fuera suficiente tanta adversidad para el ciudadano, el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro se ha sumado con sus absurdas medidas a este terrible cóctel letal, cuando menos para los habitantes de la capital de Jalisco. Entre sus ocurrencias y queriendo quedar bien con los jóvenes ciclistas le ha quitado a la ciudad cientos de kilómetros de carriles de autos, dejándolos exclusivos para bicis (tirando en eso una millonada que en Salud se requiere).

En su desatino este absolutista del siglo XXI, en lugar de exigir a los grandes negocios que aporten el estacionamiento para sus clientes, se ha ido a la yugular de los vecinos de esos negocios que al perder sus espacios en la calle tienen que estacionarse en la rampa de sus propias cocheras. No en el espacio peatonal (banqueta) sino en el espacio de la rampa, lanzando sus mastines con folios de $3,200 pesos por estacionarse en su propia casa, aumentando la angustia de los ciudadanos que no ven en sus gobernantes sino a meros opresores que les han despojado de toda libertad, mientras que en las calles no hay quien ponga orden (robo de autos, autopartes y cristalazos a la orden del día).

Tal parece pues que lo que sucede con la Secretaría de Vialidad es un reflejo de la disfuncionalidad e incapacidad de los gobiernos posmodernistas. Duele decirlo pero aun sus discursos son de poca sustancia (para decirlo de manera suave), exhiben su falta de capacidad, conocimientos, compromiso y visión de estado. El valioso y necesario campo de la política ha sido asaltado por toda clase de bucaneros, filibusteros, e improvisados ambiciosos..

Jalisco, pues, está urgido de una Secretaría de Vialidad que funcione en las calles y le resuelva al ciudadano el caos que se vive en calles y avenidas. Que deje de estar fastidiando al gremio camionero (ha enviado ya a la quiebra a la muchos de los dueños con una tarifa tan baja y combustibles tan caros) y procure resolver también los problemas de ellos, que también son ciudadanos, de lo contrario otro gran problema estaría próximo a estallar. Lo dicho pues ¡O funciona Vialidad o desaparece! ¿Qué considera usted, estimado lector?

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

 

Email: mahergo50@hotmail.com

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Tuvo razón el gobernador Aristóteles Sandoval, al declarar a causa de un linchamiento ocurrido en el centro de Guadalajara: “estoy consciente del hartazgo que vive la gente, por supuesto que ya no soportan cuando se afecta su patrimonio, ver cuando algo sucede en la calle”(Milenio, 24/May/2017) ¿Y qué sucede en la calle? Asesinatos, extrema violencia, robos, asaltos, extorsiones, fraudes, despojos, etcétera, etcétera. Todos, o casi todos impunes.

El clima de violencia que impera en el Estado no es peor por la misericordia Divina, más no por la acción de la autoridad, que dicho sea de paso además de costar una fortuna, resulta casi ornamental. Cierto, se trata de una herencia venida del gobierno de Alberto Cárdenas, acrecentada con Ramírez Acuña y desbordada con Emilio González Márquez. El problema es que lejos de resolver esta crisis de violencia y criminalidad, el gobierno pretende resolver este y los demás problemas con declaraciones ante los medios.

El gobierno federal en un intento por revertir esta grave situación que no solo afecta a Jalisco, implementó el nuevo sistema penal que lejos de mejorar la paz social y la impartición de justicia, lo cierto es que solo le ha abonado a la impunidad a causa de su ineficacia (auxiliado por la corrupción de quienes deben de aplicarla, exhibiendo de paso la incapacidad de tantísimos funcionarios y empleados de la ahora llamada Fiscalía General del Estado.

No cabe duda que el peso y significado de las palabras marcan la mayor de las veces el rumbo. Cuando esta institución tan necesarísima para la paz y la estabilidad social se encontraba en la Calzada Independencia, sus enormes letras en la fachada «PROCURADURÍA DE JUSTICIA» alentaban la esperanza del ciudadano que subía aquellos peldaños de granito antes de ingresar; la certeza de que iba a ser atendido en su denuncia; que sus agravios serían resarcidos a través de la intervención de esta institución pública.

Hoy en día su heredera la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ni ofrece justicia, ni tampoco la concede. El grado de impunidad a la que se ha llegado (más del 98 por ciento de los delitos que se cometen no llegan a sentencia) exhibe sin retoques el fracaso en este ámbito de los últimos cuatro gobiernos estatales, incluido por supuesto al actual.

     ¿De qué sirve tener dos enormes instalaciones con un mundo de personal en la FGE de la zona industrial, si la justicia no se imparte?Las filas de querellantes son atendidas más como parte de los deberes de un empleo, que con la convicción de conceder justicia al ciudadano agraviado, pues a final de cuentas la mayoría será archivada sin resultado alguno. Han olvidado que una de las prioridades del estado es atender los reclamos de justicia de la sociedad,  fundamentales para el equilibrio social, el desarrollo económico, y la paz de los ciudadanos.

    La nueva ley penal más parece haber sido redactada por los abogados de los cárteles, que por legisladores que representan y procuran la paz y el bienestar del pueblo que les concedió el voto. Una ley mal hecha, obsesionada por los derechos de los delincuentes y negligente casi en absoluto con víctimas y agraviados. Ni qué decir con su desorden en la redacción (una ley confusa que exhibe la mente de quienes la hicieron).

     Por si no fuera suficiente adversidad, una burocracia pachorruda e indolente en las Agencias del Ministerio Público, inhibe al ciudadano en su necesidad de justicia, de tal manera que las estadísticas del delito bajan no porque haya resultados de la autoridad, sino que a causa de su inmovilidad se prefiere ya no denunciar ¿para qué, para traerle vuelta y vuelta sin resultado alguno?

Pueden pasar semanas o meses enteros y las averiguaciones donde mismo. Las pueden cambiar a otra oficina para aparentar que avanzan, pero solo en metros, no en su trámite procesal. El daño del ciudadano agraviado parece no importar en absoluto al estado, solo las elecciones y el presupuesto. La formación y concientización del servidor público en sus funciones parece ser cosa del pasado, pues ya ni siquiera les funciona el sentido común, son repelentes al dolor y el agravio del querellante. Pedir empatía para con su prójimo es experiencia desconocida del todo. Dios está ausente en los hechos (sabemos que en un gobierno laico así son las cosas) sin embargo las acciones reflejan principios y por los resultados, en la FGE solo se manejan estadísticas, no se atiende a personas reclamantes de justicia.

El uso de eufemismos es otra muestra de un sistema penal que pretende quedar bien con los criminales para desentenderse de los ciudadanos agraviados. Un ejemplo: para que el delincuente no se sienta mal ya no se llama averiguación, se nombra “carpeta de investigación”. Además, ya todos son “presuntos”, aunque los delitos que se les achaquen sean muchos, graves y evidentes. Fotos, ¡ni pensarlo! Pueden mentir hasta el infinito y en ningún momento serán molestados para que se conduzcan con verdad.

Se trata también de un asunto de dineros. Meter y mantener en la cárcel a los delincuentes cuesta y no poco, más que nada por la corrupción en el manejo de esos dineros (que son multimillonarios). Para darnos una idea, el gobierno federal gasto en 2014 más de $1,703 millones de pesos, mientras que el de Jalisco gastó $1,185 millones, cantidades que en el presente han sido superadas pero que se procura no se conozcan. ¡Mejor no los detenemos! Pensarán, así no gastamos ¿No sería sano que revisen que se hace con esos recursos y procurar su eficientización para bajar costos? El delincuente no está de vacaciones en la cárcel ¿O sí? (después de ver el video de Puente Grande pues parece que para algunos sí son vacaciones).

La justicia reclamada por el ciudadano está siendo negada, por eso es que no pocos consideran que el PRI no regresó al gobierno de Jalisco, si acaso la franquicia. Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, así, con mayúscula, tuvieron mucho cuidado en poner orden y meter a la fauna criminal en cintura (hasta donde les fuera posible).

     Hoy en día la mayoría de los funcionarios (sin distingo de partido)con la comparsa de los principales medios y una estela de ONG’S, con o sin intención, son en la práctica verdaderos defensores de los delincuentes. Un malentendido interés por los “derechos humanos” de los delincuentes ha relegado el derecho y reclamo de las víctimas al sótano de los trebejos, fomentando con ello la delincuencia y la impunidad.

Ciertamente hay hartazgo social, pero de esos hartazgos la historia nos muestra las consecuencias de no atenderse. Estamos a tiempo. Tenemos instituciones y recursos, se requiere por tanto de voluntad política y decisión para poner orden ¿O usted que considera estimado lector?

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

 

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