¿CASTIGARÁ EL GOBERNADOR A LOS AHUACATEROS?
Gobernantes y políticos hacen de pronto declaraciones que nos asombran, quiérase o no nos inducen a la necesaria duda. Sabido es también que el cinismo, la desvergüenza y la manipulación son parte de sus muletillas. Y es que, en días recientes y como resultado de la terrible e insólita inundación sufrida en el pueblo de San Gabriel, además de la indignación social y los enormes daños causados, afloraron a la superficie una serie de irregularidades, ilegalidades y depredaciones hasta ahora desconocidas por la opinión pública, que dicho sea de paso, tiene en la mira a los causantes de semejante desgracia.
Como es del dominio público, el 2 de junio (2019) y sin haber llovido, el río que pasa por el pueblo arrastró desde los cerros y como consecuencia de tormentas en la sierra, una avalancha de lodo, troncos, maleza, piedras y demás, inundando dantescamente el pueblo y provocando muertes, la desaparición de una persona y daños millonarios en casas, muebles, vehículos y pertenencias de todo tipo.
La insólita inundación se debió principalmente a dos cosas: a la deforestación criminal promovida y ejecutada con toda impunidad por la ambición de algunos (con influencias políticas, es obvio, pues nadie en el gobierno en ninguna instancia los molestó siquiera). Y al cambio de uso de suelo de una sierra con vocación maderera para convertirla en aguacatera, situación que transformó radicalmente la condición de esas tierras.
Por si no fuera suficiente este cóctel explosivo de ambición, prepotencia e irresponsabilidad, le agregaron fuego, SÍ, FUEGO AL BOSQUE para acabar pronto su depredación, EROSIONANDO DE INMEDIATO TIERRAS BOSCOSAS hasta dejarlas en yermo desolador que ante la tormenta y como consecuencia, arrastró los desechos de lo que estos vándalos cometieron contra el bosque, arrasando a su paso a un pueblo (San Gabriel), no con agua, sino con lodo y todo aquello que los delincuentes ambientales habían cometido en la parte alta. Sus muchos delitos los denunciaron.
Lo curioso del caso, y volvemos al inicio de nuestro artículo, es que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en uno de esos frecuentes ataques de ira y aparente indignación, tal parece que se pegó un tiro en el pie. Al menos así se percibe.
Entre otras cosas Alfaro Ramírez declaró: “Vamos a actuar con mucha firmeza (…). Entendemos lo que ha pasado durante muchos años, que se ha hecho deforestación salvaje” (Mural 28/Junio/2019) ¿En verdad, actuará con esa firmeza declarada ante los medios?
Porque habrá de decirse, o recordarse, según sea el caso, que la familia Alfaro es oriunda de San Gabriel, es decir, es parte de las ‘fuerzas vivas’ (para no usar el calificativo cacicazgo, tan molesto y fuerte de sintaxis). En otras palabras, lo sucedido durante todos estos años no les era un asunto ajeno, debieron de conocer, de hecho, varios miembros de la familia Alfaro están metidos en el lucrativo negocio de las huertas de aguacate.
El periódico El Diario NTR de Guadalajarapublicó después de la tragedia ocurrida en San Gabriel la siguiente nota, que es obvio que conlleva implicaciones graves que no concuerdan con la ‘firmeza’ del gobernador:
—“La zona de Apango es lugar de origen de algunas familias acaudaladas e influyentes como los Palafox, los Martínez, los De la Fuente Aguilar… y los Alfaro, que ha dado a Jalisco un rector general de la UdeG, un diputado y un regidor recurrente, y un alcalde de dos municipios metropolitanos que ahora es gobernador. También le dan aguacate, como casi todos en la región.
El bosque es el gran perdedor. Hay registro de una huerta aguacatera de 30 hectáreas a nombre de Enrique Alfaro Anguiano, exrector de la UdeG y padre del gobernador, que en 2015 recibió apoyos de la Secretaría de Agricultura federal (la antigua Sagarpa) para siembra de trigo. Aunque en 2017 el apoyo de la Sagarpa cambió para una plantación de aguacate, los datos disponibles no permiten acreditar un cambio de uso de suelo forestal.
La familia Alfaro-Aranguren-Herrejón es la que posee algunos de los más grandes huertos aguacateros, La Manzanilla y el Veladero, aunque ellos no acreditan apoyos directos de la Sagarpa. Tienen, sin embargo, derechos de agua otorgados por la Conagua…” (miércoles 12/Junio/2019).
Ni qué decir de otros daños colaterales, pues teniendo agua todo el año en el río y las poblaciones del municipio, el alto consumo de agua de las huertas aguacateras (permisos otorgados obviamente por las autoridades correspondientes) hicieron que el río se secara y las comunidades ya resienten la falta del vital líquido para subsistir.
Ante este panorama que refleja y muestra que el gobernador es juez y parte en el tema (aunque algunos de sus parientes utilicen prestanombres para guardar apariencias) y ante semejantes e irrefutables evidencias, cabe preguntarse¿castigará realmente el gobernador a los aguacateros responsables de semejante desastre ecológico y tragedia nunca vista ni en San Gabriel ni en ningún otro pueblo del Estado? La ley es dura, pero es la ley. Veremos y esperaremos.
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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