Opinión
Columnas

La estabilidad y futuro de México está en juego y el gobierno no reacciona. En un concepto malentendido de lo que es la democracia, los distintos gobiernos (en los tres niveles y en los tres poderes) permitieron, en lo que corre del siglo XXI, que la delincuencia se ensoberbeciera. A causa de la impunidad las distintas bandas de criminales (hoy llamadas ’carteles’) fueron creciendo en todos los órdenes hasta llegar lamentablemente a lo que hoy son: gobiernos paralelos que día con día retan al estado mexicano y este disimula.

      Mientras que en Jalisco, que parece que no tiene gobernador desde hace cuando menos 13 años, en Palacio Nacional sucede lo mismo. Los hechos así lo muestran, y no es necesario que lo acepten.

      El asesinato del Fiscal Regional Gonzalo Huitrón y los asesinatos recientes de otros funcionarios y policías dependientes de la Fiscalía General de Jalisco ponen en claro el engreimiento de los criminales y el empequeñecimiento del gobierno estatal.

      En Puebla las bandas de ladrones de gasolinas (no ‘huachicol’, que es alcohol adulterado) además de robarse las gasolinas, atacaron a la Guardia Nacional y a los empleados de Pemex, incluso quemaron dos vehículos de la Guardia ¿Y las armas las traen de adorno o son de utilería?

      Queda claro que la llamada Guardia Nacional es otra versión remasterizada de la Policía Federal de Peña Nieto, pero que en realidad no sirven más que para exhibir sus uniformes, vehículos y aparentar que vigilan. No resuelven nada y los índices delictivos crecen día con día.

     Y si a eso se le agrega que el presidente López Obrador no distingue (o no quiere distinguir) entre hacer valer la ley y la represión, la suerte del país no puede ser otra más que el caos, el fracaso total ¿Podrá entender el estado de derecho y el uso de la fuerza pública para hacer valer la legalidad y el orden, un hombre cuyo testimonio es el de un anarquista profesional, capaz de bloquear pozos petroleros y amenazar con incendiarlos, de promover marchas y plantones sin fin, de cerrar por meses la Av. Paseo de la Reforma en la capital y acabar con la economía y empleos de la zona (Hoteles, centros comerciales, etcétera), realmente podrá?

     Para comprender la grave crisis de seguridad y el gravísimo deterioro del estado de derecho del país se requiere que el presidente haya cambiado, dicho en otras palabras, madurado.Lamentablemente por lo que se le escucha en sus tediosos e insustanciales soliloquios matutinos en Palacio Nacional es la misma persona, aunque ya envejecida, no ha madurado.

    Es muy obvio que no hay nadie a su alrededor que con honestidad y dignidad le haga saber la realidad y sus múltiples errores, empezando con la cancelación del NAIM cuyos costos políticos y económicos están hundiendo al país y a él lanzándolo al basurero de la historia, que si bien por este momento sus incondicionales le digan otra cosa y él tenga otros datos, lo cierto es que está hundiendo a México y no hace gran cosa para enderezar el rumbo.

     Los asesinatos a lo largo y ancho del país son cada vez más y López Obrador mantiene su eterna sonrisa sardónica como si todo marchara sobre ruedas, lo que sugiere a los ciudadanos conscientes (y preocupados) que, o no está enterado realmente de las terribles condiciones que guarda la Nación, o todo le resulta ajeno mientras él y sus incondicionales se encuentren bien y a salvo.

     La necesidad de hacer válido el estado de derecho es inaplazable si es que no se quiere dejar el poder en manos de las bandas de criminales, que téngalo por seguro que sus líderes no son individuos como ‘el mencho’, ‘el chapo’ y demás. La capacidad para trazar rutas aéreas, marítimas y terrestres, para diseñar estrategias y logísticas financieras para el manejo de sus enormes flujos de capitales, deja en claro que son simples empleados. Los jefes son otros.

     El problema pues es grave en gran manera. Y es que, al no someter a los criminales al imperio de la ley; al dar carta de radicación por tantos años a la impunidad mediante Procuradurías/Fiscalías de adorno; de nombrar jueces corruptos o incapaces de poner orden e impartir justicia a los ciudadanos agraviados y ofendidos: la delincuencia organizada y sin organizar se ensoberbeció a tal grado que son capaces ya de asesinar presidentes municipales (en tiempos electorales),así como funcionarios judiciales como ha estado sucediendo en Jalisco en los últimos meses, la condición se ha agravado a punto de desahucio.

     Las bandas criminales ya están retando al estado, haciendo gala de su poder destructivo y el gobierno en todos sus niveles no reacciona. Es obvio que la incapacidad les limita para hacer lo conducente, aunque no se puede disimular tampoco que la ambición (de poder y de dinero) les ha perdido, limitándose a declarar como si estuvieran en campaña,cuando la realidad exige sin demora el uso de la fuerza pública para detener la agresividad de la fauna criminalde echar a andar un sistema judicial que realmente haga valer le ley, de un poder judicial que acabe con la llamada puerta giratoria que libera de inmediato a los delincuentes de todo tamaño y tipo; y que por supuesto, implemente a manera de ya verdaderos policías investigadores que entreguen a los ministerios públicos a los asesinos y  pájaros de cuenta que mantienen bajo terror a la inmensa mayoría de los mexicanos, luego de un trabajo verdadero de investigación que aporte pruebas y datos.

     Además de que fiscales y jueces deberán de cambiar su postura cómoda y absurda y ponerse a velar primeramente por los derechos y reparación de las víctimas y agraviados, y no de los delincuentes. De no actuar el gobierno de inmediato y con firmeza, un gobierno de criminales estaría tomando las riendas del país y lo que en el año 2000 se consideró como un avance a la democracia (que ya la teníamos, conste) se transformaría en el ocaso de nuestra Nación.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

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Los métodos que Dios usa suelen ser poco o nada convencionales. Su perfección sobrepasa la inteligencia y respuestas humanas, tan contaminadas por los intrincados caminos que solemos utilizar, en los que la ventaja, el abuso y la injusticia suelen estar presentes. No se diga si dichas respuestas son decididas desde el campo de la política.

     En el caso de nuestro país, es obvio que la corrupción, la maldad, la violencia y la incapacidad para restablecer el orden son sabidas y padecidas por todos los mexicanos, que ante la inutilidad de sus gobiernos (federal, estatales y municipales) al igual que los poderes que acompañan al Ejecutivo en esta comedia bufa en la que el pueblo, no el ‘bueno’ de López Obrador (sino todos, absolutamente todos los mexicanos) se encuentra absolutamente indefenso en todos los órdenes.

    La inutilidad de los gobiernos mexicanos ha llegado a límites totalmente inaceptables. El derramamiento de sangre inocente supera en número al de países en guerra, anualmente miles y miles de mexicanos son asesinados sin que siquiera se investiguen, mucho menos detener, consignar y condenar a los asesinos. El archivo es el destino de las carpetas. La impunidad el sello de la casa. Jalisco es líder en esta vergüenza nacional.

     Y si esto sucede en el máximo delito que puede agraviar a una sociedad ¿qué se puede esperar de los delitos patrimoniales, lesiones, robos, extorsiones y demás? La indiferencia oficial, los malos tratos en las Agencias del Ministerio Público que piensan que el gobernador les cubre sus sueldos de su bolsa, pasando por alto que salen del bolsillo de los ciudadanos que a diario lastiman con su insensibilidad.

     En el caso de Jalisco las inundaciones a causa de las lluvias son una bofetada en el rostro de los ayuntamientos corruptos que a partir del siglo presente se han dado a la tarea de conceder licencias de construcción a edificios enormes (comerciales y habitacionales) a sabiendas que la infraestructura hidráulica y urbana esta diseñada para una ciudad horizontal; ni qué decir la ausencia total de nuevas avenidas y calzadas, parques y bosques urbanos (que ayuden a cargar los mantos freáticos y absorber parte de las copiosas lluvias que suelen caer en nuestra zona metropolitana). Queda claro que el negocio de los permisos de construcción, así como la incapacidad y el menosprecio por los planes de desarrollo dejados por gobiernos anteriores (que sí fueron responsables y previsores) ha exhibido a los nuevos, integrados en su mayoría por jóvenes ambiciosos e impreparados, hombres y mujeres que entraron a la política no para servir a la sociedad, sino para servirse de ella. Sus acciones e incapacidad así los muestran.

     La Secretaría de Vialidad (Jalisco) es una simple agencia recaudadora de dineros públicos sin utilidad social alguna. Desde hace años se viene preguntando en esta columna, que de dónde sacan a los agentes de tránsito (vialidad) cuando vienen los presidentes ¿los alquilan, o de donde los traen? Porque lo cierto es que en el tráfico, que es donde se necesitan, desde el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez desaparecieron de las calles.

      Los tapatíos tenemos años de sufrir congestionamientos viales todos los días y a casi todas horas, y entre la quitada de carriles para dar paso a las bicicletas (que no pasan o pasa alguna luego de circular cientos de autos) y la falta de agentes para agilizar el tráfico, la vida de los conductores se convierte en un martirio ¿Y el pago de impuestos no incluye la ayuda oficial para descongestionar, para quitar los enormes y peligrosos bloque de concreto que dividen las ciclovías? ¿No podían limitarse a una raya pintada para el carril de las bicicletas como sucede en San Antonio Texas y en otras grandes ciudades?

      Pero si el ciudadano tiene la desgracia de chocar o que le choquen, no solo los participantes padecerán la ausencia de los agentes de tránsito, sino que todos los conductores de la vialidad se verán afectados por horas. De hecho, particulares ya toman atribuciones que solo le pertenecen a la autoridad (las aseguradoras) lo que hace que el ciudadano se pregunte ¿Y para qué pagamos impuestos si no hay quien nos auxilie y atienda en el tráfico, si no hay quien nos haga justicia en la Fiscalía, si no hay quien cuide las micro, pequeñas y medianas empresas de la plaga de los juicios laborales y de las plagas de inspectores?

      Es un hecho que los gobiernos actuales solo hablan y no resuelven gran cosa y los congresos, que deberían representar al pueblo y velar por sus intereses, se han poblado de jóvenes (hombres y mujeres) ambiciosos que no tienen la menor idea de lo que significa legislar y representar al pueblo (a todo el pueblo). La visión que tienen, al menos eso muestran, es de grupos o pandillas que solo velan por sus intereses, de cómo llevarse el presupuesto. Nada más.

     Las Sagradas Escrituras muestran que cuando una nación (y pone de ejemplo a Israel) le da la espalda a Dios, el Creador responde a su manera, en su sapiencia infinita y conocedora de sus criaturas, ha dispuesto un método muy especial ¡Quitar a los hombres viejos y experimentados del gobierno y permitir la llegada de jóvenes ambiciosos e incapaces para enjuiciar al pueblo!

    En el libro del profeta Isaías lo señala con precisión: “Porque he aquí que el Señor quita de Jerusalén y de Judá (puede ponerse el nombre de México o del país que haya caído en descreimiento y maldad generalizada) al sustentador y al fuerte… al valiente y al hombre de guerra, al juez y al profeta… al anciano, al capitán de cincuenta y al hombre de respeto, al consejero… y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino; el joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble…”

     Y para dejar bien claro las causas del juicio divino y los gobiernos malos y opresores, luego señala: “La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan…  Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos” (cap. 3:1-12). ¿Usted qué piensa estimado lector, tenemos gobiernos efectivos o malos a manera de juicio divino?

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

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La ineficacia de Fiscalía de Jalisco no es nueva ni desconocida. De ser una institución que en los años 60, 70 y 80 trabajara de forma aceptable, e incluso con eficacia plausible en determinadas etapas, llegaron los gobiernos del cambio, que dicho sea de paso, desconocían los hilos del poder y los soltaron, permitiendo que las instituciones públicas (incluida la Procuraduría o fiscalía) comenzaran a caminar a la deriva y con ello abrir puertas a la acechante corrupción, que siempre ha existido, pero que es deber del estado y de los litigantes (sí, también de los litigantes) mantenerla y someterla hasta donde sea posible.

     Hoy en día la procuración de justicia es prácticamente inexistente, letra muerta.Una institución que se ha ahogado en el pantano de la corrupción, la incapacidad, la ineficacia y la impunidad, con la complicidad abierta y cínica de ciertos despachos jurídicos que han hecho de esta su feudo, su coto personal de caza.Ningún abogado o ciudadano agraviado tiene voz ni valor en la Fiscalía si carece del aval de estos bufetes malamente llamados jurídicos, pues se trata finalmente de simples traficantes de la ley.De mercenarios de la justicia que a un pueblo largamente agraviado y dolido se le niega.

     En el siglo posmodernista se hace alarde de los avances tecnológicos, de las computadoras, teléfonos portátiles y tantos aparatos más a disposición del ser humano, y la procuración (e impartición de justicia), peor que en la época de las cavernas en que la ley del más fuerte era la que se imponía. Hoy es la ley del que tiene más dinero y abogados conocidos en la Fiscalía.

     Parece mentira que apenas hace unas décadas la justicia estaba al alcance de cualquier ciudadano. De cualquiera. Hoy no es así. Presentar una denuncia, con todo y los avances tecnológicos puede resultar un calvario y días enteros (que pueden convertirse en semanas, meses y años) de perder el tiempo. Largas colas, incapacidad burocrática, métodos arcaicos, CERO INVESTIGACIÓN, y nulo apoyo de la ley y el estado concluyen en la mayoría de los casos en el archivo, sin resultados, con el resentimiento del ciudadano que se topó con un gobierno duro, sordo e indolente a sus justos reclamos y agravios.

     Urge en calidad de ya la capacitación de Agentes del Ministerio Público, actuarios y demás personal de la Fiscalía, de su compromiso estricto con la legalidad y la procuración de justicia. De reclutar al doble o triple de policías investigadores y capacitarlos, no para guaruras de políticos (que no nos sirven de gran cosa) sino para detener a quienes delincan y comenzar a inhibir las hordas de asesinos, ladrones, fraudeadores, extorsionadores y demás fauna criminal.

     De instruirles y pagarles bien a los fiscales (M.P.) para que su compromiso sea únicamente con el ciudadano agraviado y con la procuración de justicia dentro de los marcos de la ley. De leerles bien la cartilla y no permitir más la corrupción en la Institución. México se está hundiendo y necesitamos entre todos comenzar a sacar el agua del barco nacional. Es tarea de todos, DE TODOS.

EL COLMO DE LA CORRUPCIÓN Y MALDAD

 

     En estos días este periodista se enteró de un caso en particular de corrupción francamente nauseabundo. Se trata de una denuncia de hechos reciente QUE NUNCA SE PRESENTÓ, y que un despacho, de esos que se creen dueños de la Fiscalía, haciendo huizachadas, trácalas, marranadas (dijera Fox) o lo que sea, hizo uso de una Averiguación Previa (que no le corresponde) presentada en su momento y radicada en una Agencia de Tlajomulco por otra causa y personas (en el año 2016); pero que en este momento se pretende usar, no como Carpeta de Investigación (pues es reciente), sino enfundada en una Averiguación que no le corresponde.

     Por si no fuera suficiente semejante ilícito, se están utilizando documentos sustraídos ilícitamente (robados, pues) de la bodega de una empresa a la que se metieron durante la noche mediante un boquete en la pared (como consta en una denuncia del año 2017). En el colmo de este caso de aberrante corrupción se pretende un peritaje de Ciencias Forenses—sin permitir a la persona que falsamente se acusa, presentarse a aclarar lo necesario y exhibir documentalmente ante la autoridad semejante acto delictivo pretendido en su contra—, señalando de paso que no puede haber mayor corrupción que utilizar las instituciones públicas para delinquir (al falso amparo de la ley).

     El actual Fiscal (Procurador), el Lic. Gerardo Octavio Solís Gómez, además de conocer a fondo la institución, es obvio que encontró otra muy distinta a la que dejó cuando estuvo bajo su cargo. Es sabido que es un hombre sensible, que incluso gobernó el Estado de Jalisco de manera interina lo que le permitió entender la problemática social desde una perspectiva más amplia y comprometida. Se espera por tanto que la procuración de justicia mejore en buena medida bajo su tutela y se implementen medidas y acciones que reviertan el estado de cosas.

      Que las investigaciones ya no sean tan burocráticas y más efectivas, que no desalienten al denunciante por cansancio, malos tratos o indiferencia, pues si en la calle es objeto de todo tipo de vejaciones y peligros ¿Su gobierno le vejará también?Que se investiguen y erradiquen ese tipo de practicas marrulleras y huizacheras, impropias de quien dice detentar un título de abogado, e inadmisibles en un funcionario encargado de la procuración de justicia. No más utilizar averiguaciones archivadas y encimarles asuntos nuevos a manera de extorsión o arma falsa de justicia.

       Hoy más que nunca la sentencia divina plasmada en las Sagradas Escrituras clama por vigencia y espacio en el sistema penal mexicano: “Porque yo Yahwéh soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio” (Isaías 61:8).

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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Gobernantes y políticos hacen de pronto declaraciones que nos asombran, quiérase o no nos inducen a la necesaria duda. Sabido es también que el cinismo, la desvergüenza y la manipulación son parte de sus muletillas. Y es que, en días recientes y como resultado de la terrible e insólita inundación sufrida en el pueblo de San Gabriel, además de la indignación social y los enormes daños causados, afloraron a la superficie una serie de irregularidades, ilegalidades y depredaciones hasta ahora desconocidas por la opinión pública, que dicho sea de paso, tiene en la mira a los causantes de semejante desgracia.

     Como es del dominio público, el 2 de junio (2019) y sin haber llovido, el río que pasa por el pueblo arrastró desde los cerros y como consecuencia de tormentas en la sierra, una avalancha de lodo, troncos, maleza, piedras y demás, inundando dantescamente el pueblo y provocando muertes, la desaparición de una persona y daños millonarios en casas, muebles, vehículos y pertenencias de todo tipo.

     La insólita inundación se debió principalmente a dos cosas: a la deforestación criminal promovida y ejecutada con toda impunidad por la ambición de algunos (con influencias políticas, es obvio, pues nadie en el gobierno en ninguna instancia los molestó siquiera). Y al cambio de uso de suelo de una sierra con vocación maderera para convertirla en aguacatera, situación que transformó radicalmente la condición de esas tierras.

     Por si no fuera suficiente este cóctel explosivo de ambición, prepotencia e irresponsabilidad, le agregaron fuego, SÍ, FUEGO AL BOSQUE para acabar pronto su depredación, EROSIONANDO DE INMEDIATO TIERRAS BOSCOSAS hasta dejarlas en yermo desolador que ante la tormenta y como consecuencia, arrastró los desechos de lo que estos vándalos cometieron contra el bosque, arrasando a su paso a un pueblo (San Gabriel), no con agua, sino con lodo y todo aquello que los delincuentes ambientales habían cometido en la parte alta. Sus muchos delitos los denunciaron.

     Lo curioso del caso, y volvemos al inicio de nuestro artículo, es que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en uno de esos frecuentes ataques de ira y aparente indignación, tal parece que se pegó un tiro en el pie. Al menos así se percibe.

     Entre otras cosas Alfaro Ramírez declaró: “Vamos a actuar con mucha firmeza (…). Entendemos lo que ha pasado durante muchos años, que se ha hecho deforestación salvaje” (Mural 28/Junio/2019) ¿En verdad, actuará con esa firmeza declarada ante los medios?

    Porque habrá de decirse, o recordarse, según sea el caso, que la familia Alfaro es oriunda de San Gabriel, es decir, es parte de las ‘fuerzas vivas’ (para no usar el calificativo cacicazgo, tan molesto y fuerte de sintaxis). En otras palabras, lo sucedido durante todos estos años no les era un asunto ajeno, debieron de conocer, de hecho, varios miembros de la familia Alfaro están metidos en el lucrativo negocio de las huertas de aguacate.

    El periódico El Diario NTR de Guadalajarapublicó después de la tragedia ocurrida en San Gabriel la siguiente nota, que es obvio que conlleva implicaciones graves que no concuerdan con la ‘firmeza’ del gobernador:

“La zona de Apango es lugar de origen de algunas familias acaudaladas e influyentes como los Palafox, los Martínez, los De la Fuente Aguilar… y los Alfaro, que ha dado a Jalisco un rector general de la UdeG, un diputado y un regidor recurrente, y un alcalde de dos municipios metropolitanos que ahora es gobernador. También le dan aguacate, como casi todos en la región.

     El bosque es el gran perdedor. Hay registro de una huerta aguacatera de 30 hectáreas a nombre de Enrique Alfaro Anguiano, exrector de la UdeG y padre del gobernador, que en 2015 recibió apoyos de la Secretaría de Agricultura federal (la antigua Sagarpa) para siembra de trigo. Aunque en 2017 el apoyo de la Sagarpa cambió para una plantación de aguacate, los datos disponibles no permiten acreditar un cambio de uso de suelo forestal.

     La familia Alfaro-Aranguren-Herrejón es la que posee algunos de los más grandes huertos aguacateros, La Manzanilla y el Veladero, aunque ellos no acreditan apoyos directos de la Sagarpa. Tienen, sin embargo, derechos de agua otorgados por la Conagua…” (miércoles 12/Junio/2019).

     Ni qué decir de otros daños colaterales, pues teniendo agua todo el año en el río y las poblaciones del municipio, el alto consumo de agua de las huertas aguacateras (permisos otorgados obviamente por las autoridades correspondientes) hicieron que el río se secara y las comunidades ya resienten la falta del vital líquido para subsistir.

    Ante este panorama que refleja y muestra que el gobernador es juez y parte en el tema (aunque algunos de sus parientes utilicen prestanombres para guardar apariencias) y ante semejantes e irrefutables evidencias, cabe preguntarse¿castigará realmente el gobernador a los aguacateros responsables de semejante desastre ecológico y tragedia nunca vista ni en San Gabriel ni en ningún otro pueblo del Estado? La ley es dura, pero es la ley. Veremos y esperaremos.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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