CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: A CARGO DE FISCALÍA Y JUECES
Jalisco, por no decir casi todo el país, se encuentra bajo el dominio de los delincuentes, con o sin organizar. Por primera vez me uno a la opinión de Enrique Alfaro ―que cobra como gobernador en Jalisco, pero que tendrá que demostrarlo en los hechos, pues tenemos muchos años sin uno de verdad―. Hace unos días declaró en la Expo ANTAD: “Desde Jalisco hacemos un llamado a que el Gobierno de la República (sic), para que entendamos el grave problema que significa la corrupción en el Poder Judicial, un tema que pocas veces se aborda de manera profunda, casi siempre estamos concentrados en la agenda de corrupción que se genera desde el Poder Ejecutivo”.
De acuerdo a su declaración quedan en evidencia varias cosas. Primero, que busca la ayuda fuera para un deber que mayormente le compete a él. Segundo, que considera absurdamente que el gobierno federal no entiende el problema. Tercero, que la corrupción en el Poder Judicial es tema nuevo, cuando es muy viejo, pero se radicalizó a partir del gobierno de Alberto Cárdenas (que desconocía los hilos del poder y los dejó al garete, con manos libres para hacer cuanto se les ha venido en gana) ¿Cuándo fue la última vez que metieron a la cárcel a un magistrado, juez, secretario o ministerio público corrupto?
Cuarto, queda claro que el flamante gobernador no lee la prensa, o muy poco, pues esta columna, que, dicho sea de paso, tiene ya 33 años, tiene más de dos décadas de señalar con frecuencia la decadencia de este poder. La corrupción en la que se ha ido hundiendo hasta convertirse en un pantano de olores nauseabundos. Un poder que, en lugar de servir de Palacio para otorgar justicia a un pueblo dolido y profundamente agraviado por unos y otros, se ha convertido en caso de muchos jueces y funcionarios en un simple y condenable negocio, todo con apariencia de legalidad, pero inmundo y reprobable desde el ángulo que se le quiera ver. Pocos son los magistrados, jueces y secretarios que han conservado la integridad; su probidad les diferencia de una mayoría, que poco a poco ha ido alejando al pueblo de la justicia hasta convertir su oficio en el lucrativo negocio de las sentencias.
Ni qué decir de la Procuraduría General de (IN)Justicia (a la que le cambiaron el nombre por Fiscalía, como si la nomenclatura cambiara la realidad). Un elefante torpe cuya inutilidad social ha llegado a tal grado que la mayor parte de los delitos que se cometen (robos a personas, domicilio, asaltos, extorsiones, etcétera), ya no se denuncian. Burocracia, indolencia, incapacidad y ausencia total de respeto a la víctima y sentido común, han hecho que tan necesaria Institución pública no represente ya nada para la sociedad, al menos en jalisco, pues no hay quien vele por la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.
Los delitos patrimoniales (denunciados en la Fiscalía) son parte de este inmundo negocio de la CORRUPCIÓN pues la mayoría de ellos jamás llegan al juez de control, puesto que ciertos y muy exclusivos despachos de abogados son amos y señores de esta importante ala de la procuración de justicia. Justicia que a diario es negada al contar dichos litigantes con la amistad ¿o complicidad? de los agentes del ministerio público que curiosamente les conceden todo, y a las víctimas y a sus asesores legales les niegan todo, o casi todo, haciendo de la procuración una broma macabra. Una afrenta a la sociedad agraviada y al estado de derecho, que, dicho sea de paso, lo teníamos (y lo dejaron perder a causa de la corrupción, señora cuya existencia acaba de descubrir el gobernador).
Continuando con el trabajo de la Fiscalía, es tan escaso de resultados y tan alejado de su función, que los jueces de control casi no tienen trabajo. Será suficiente decir que, en una sociedad como la nuestra, sumida en la violencia y la inseguridad, donde en apenas dos meses casi medio millar de asesinatos ocurrieron en Jalisco y los demás delitos carecen ya de estadística, los jueces de control, es para no se dieran abasto con las audiencias. Pero la realidad es otra.
La mayoría de las salas están sin uso y los pocos delincuentes que les manda la Fiscalía son muy pocos los que consigan, toda vez queel nuevo sistema penal acusatorio ha resultado además de ineficaz, un pretexto para poblar las calles de fauna delincuencial de todo tipo, que, si se piensa mal, es fácil atinar. Lo cual también es corrupción. Bueno, la semana pasada las salas de los juzgados orales estuvieron sin luz, lo cual impidió que se celebraran las audiencias (excepto las que estaban con término, y los litigantes usando sus teléfonos para grabar). Una pregunta indiscreta ¿Pagaron la luz?
En fin, la corrupción en la procuración e impartición de justicia (local y federal) es del dominio público. Gana el que tiene más dinero y más amistades poderosas. El ciudadano común y corriente, millones de ellos, agraviados a lo largo y ancho del país, saben en carne propia lo que es que se les niegue la justicia, han visto la corrupción no en recibos (los corruptos no dan recibos), la han visto en la negación de la justicia que reclamaban, en el desprecio de los funcionarios y empleados públicos.
Enrique Alfaro se dio un tiro en el pie al declarar y buscar la ayuda federal “Desde Jalisco hacemos un llamado a que el Gobierno de la República, para que entendamos el grave problema que significa la corrupción en el Poder Judicial”, ya que, le guste o no, lo entienda o no, en cuanto a la corrupción del Poder Judicial en el Estado de Jalisco la responsabilidad es totalmente suya y de nadie más. AMLO tendrá que exigir al poder judicial federal que haga lo propio, pero al gobernador le corresponde la tarea de hacerlo en casa. Urge entonces que empiece, y la Fiscalía y Jueces de control son un buen sitio, incluso en el Consejo de la Judicatura, pues se sabe de la intromisión de consejeros ‘dando línea’ a los jueces, lo cual es otra cabeza más de esta inmunda serpiente venenosa llamada CORRUPCIÓN.
ROBO DE DOCUMENTOS EN EL CONGRESO
A propósito de corrupción, esta semana un diario local (Mural, 6/Mar/2019) denunció el robo de firmas y documentos históricos en el Congreso (documentos del siglo 19). Por si el gobernador no está enterado de lo que se puede hacer con dichas firmas y documentos, se le hace saber que las firmas pueden ser utilizadas para posteriores juicios reclamando tierras y bienes inmuebles en litigios amañados (que obviamente se radicarían con jueces a modo) toda vez que son firmas de los primeros gobernadores del Estado. Además, dichos documentos también pueden ser vendidos en el mercado de antigüedades o de subastas. Jalisco espera resultados, ya no declaraciones.
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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