LEY LABORAL ¿PATRIMONIO DE TALIBANES Y TALEGONES?
Ya se ha dicho hasta el cansancio que con la llegada del PAN a Jalisco (1995) las instituciones públicas se corrompieron y debilitaron, convirtiéndose algunas en meras parodias de lo que por mucho tiempo fueron, transformándose en simple cueva de toda clase de alimañas a las que el gobierno no se ha atrevido realmente a tocar.
Es el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que al sentirse libre del cuidado y control del Poder Ejecutivo Estatal (valga recordar que Alberto Cárdenas no tenía la menor idea de qué era, cómo funcionaba, ni cual era la función del gobierno para que la justicia laboral se impartiera dentro del estado de derecho) los demonios se soltaron, como dijera Salinas, dando paso a la creación de verdaderos cárteles o mafias, que en complicidad con funcionarios y empleados de las Juntas Especiales corrompieron la justicia laboral hasta transformar esta indispensable Institución pública en feudo de una canalla de delincuentes. Lo peor del caso es que intocables.
Con la complacencia y corrupción de la autoridad, ciertos despachos jurídicos conocidos ahora como “Los Talibanes”, además de convertirse en dueños de la JLCA pervirtieron el derecho laboral (creado para proteger al trabajador del patrón explotador) hasta lograr invertir los papeles y convertir al trabajador en un explotador del patrón en turno. De nadie es un secreto en Jalisco la existencia de un gran número de “trabajadores” vividores que al amparo de la Ley Federal del Trabajo la han corrompido con la ayuda de estos cárteles de abogados al punto que viven de esto, unos y otros, debilitando la economía empresarial (de media tabla hacia abajo) debido a sus cuantiosísimas exigencias, que casi siempre las Juntas les conceden mediante Laudos apartados de todo derecho y sentido de justicia.
El asunto es tan grave que un trabajador que por ley debiera recibir de indemnización $7 u 8 mil pesos, los “Talibanes” en complicidad con no pocos funcionarios de la Junta Local logran Laudos hasta por $400 o 500 mil pesos; aunque para ello inventen montos de sueldos, notificaciones que nunca hacen, y procesos ilegales de punta a punta hasta obtener una resolución que pone de rodillas a cualquier patrón ante estos delincuentes que han hecho de la JLCA de Jalisco una cueva de ladrones. Engallados porque hasta ahora no habido ningún gobierno de ningún tipo que los someta al orden. Ni los “zetas” hacen gala de tanta impunidad.
El actual Procurador de Justicia –o como se llame el cargo esta semana- intentó hacerlo durante su paso por la Junta, pero lo cierto es que se limitó a dar a conocer a la opinión pública lo que ya se sabía, cuando su deber era poner orden, correr funcionarios y empleados corruptos y denunciar a estos forajidos que además de cometer ilícitos (extorsiones “legalizadas” por demás cuantiosas) han debilitado el estado de derecho y empañado la imagen del gobierno en todos sus niveles. Ni qué decir del estado de indefensión, angustia e impotencia de los empleadores (de todo tipo y tamaño).
La mayoría de los negocios en Jalisco sumergidos en una larga crisis, piden a gritos para que alguien pare esta mafia de extorsionadores. Que el derecho laboral vuelva de nuevo a ser protección para el verdadero trabajador; y no pretexto y escudo de vividores que trabajan bien uno o dos meses, incluso varios, para luego provocar el despido y con la asesoría legal de estos pseudo abogados y con Juntas que perdieron absolutamente rumbo y sentido, los asuntos se convierten en vil extorsión mafiosa. Basta de “Talibanes” y “talegones” y que no se asuste nadie con la palabra, el diccionario dice que significa flojo, perezoso, pues a final de cuentas eso son todos aquellos que quieren ganar un dinero ilícito por un trabajo que no desempeñaron.
MUNICIPIOS REMATANDO BIENES PUBLICOS
Quizá la causa principal de la crisis municipal que impera en gran parte de los Ayuntamientos en Jalisco, se debe a la escuela de corrupción implantada por los gobiernos de Acción Nacional: de subirse los sueldos de manera escandalosa, prestaciones, bonos y demás, de aumentar la nómina por encima de sus necesidades y capacidad de pago, etcétera, lo cual trajo de inmediato la disminución (o eliminación) de la obra pública y la generación de deudas; lastre hasta hace poco inexistente.
El asunto no es cosa menor, gran número de los Ayuntamientos de Jalisco -sobre todo los de la zona metropolitana- intentando salir de esta crisis económica en la que se encuentran, han estado haciendo lo que no se debe ¡rematando bienes municipales! Activos que por décadas se fueron juntando mediante ahorros y austeridad pero que en los recientes trienios se han están vendiendo para pagar deudas. Se trata de cientos de millones de pesos, asunto que urge detener, pues de seguir así no solo tendremos ayuntamientos ultra obesos de nómina, sino pobres y urgidos de recursos, lo que les convertiría en un verdadero peligro social. ¿O usted que opina, estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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