En ningún país democrático el que cobra como presidente (AMLO), así como el que cobra como gobernador de Sinaloa (Rocha Moya), estarían a estas alturas en sus cargos. Ya habrían sido removidos para las investigaciones correspondientes. El «no robar, no mentir, no traicionar» fue un mero slogan para engañar bobos y fanáticos. De acuerdo a múltiples publicaciones y videos, ambos se han visto involucrados en actos de megacorrupción, en mentiras sin fin, y en traición a la Patria. ¡Ellos sí! (no el chapito).
Escapistas consumados, siempre se han salido con la suya. Su histrionismo al estilo del Tartufo de Molliere son geniales, dignos de las carpas, del teatro populachero, pero de ninguna manera para semejantes cargos de responsabilidad pública que requiere de los mejores, no de los peores. Si de por sí el país estaba ya en malas condiciones, al llegar esta troupe de embozados con disfraz de ‘demócratas’ y ‘honestos’, han sumido al país en la crisis de gobernabilidad más grande en más de un siglo.
El estado de derecho es ahora una utopía, un escenario de cartón propio de serie televisiva, pero de ninguna manera una realidad jurídica nacional. El rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la ciudad de México, a quien estaban deteniendo las autoridades de aquel Estado por el delito de peculado por más de $98 millones de pesos (después de realizar los trámites necesarios ante la Fiscalía capitalina), fue rescatado nada menos que por el encargado de despacho de esa Fiscalía, el morenista, Ulises Lara López, quien tenía que auxiliar a las autoridades de Chihuahua, pero en la práctica vino en rescate de su camarada, de su compañero de movimiento.
¿Para eso quieren la reforma al poder judicial? ¿Para aplicar la ley de manera selectiva y con tintes políticos? La ley de grupo se impuso. El dizque encargado de despacho de la Fiscalía, que ni abogado es (lo que le impide legalmente ocupar ese puesto), pero que es esposo (o ex) de la “ministra del pueblo”, la usurpadora Lenia Batres (desempeñar un cargo sin cumplir los requisitos y carecer de los conocimientos, también es usurpación de funciones) vino por el camarada. La banda se solidariza.
Volviendo a los que cobran como presidente y gobernador, respecto al tabasqueño, son demasiadas las publicaciones que señalan que López Obrador recibió mucho dinero —millones de dólares y pesos— de las bandas de narcotraficantes para todas sus campañas (2006, 2012, 2018). Con cinismo pide pruebas; postura tan ridícula como absurda, fácil de tirar de inmediato. En semejantes actos de corrupción no se expiden recibos ¿O no lo saben los inquilinos de Palacio Nacional y el Palacio de Gobierno de Sinaloa?
De hecho, en entrevistas concedidas en su momento por Rocha Moya a reconocidos periodistas (Carlos Loret de Mola y Salvador García Soto), declaró al segundo con un cinismo jamás visto en la vida política nacional (14/Sep/2021): “Pues mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Y fui y hablé con ellos, los conozco a todos porque soy de Badiraguato, y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos (los narcos), te miente. Así es la cosa aquí, para que nos hacemos pendejos” (La desmemoria de Rocha Moya, El Universal, 13/Agosto/2024). Lo dicho a Carlos Loret se encuentra en Youtube/ Latinus.
¿Así o más claro? Un principio jurídico establece que a confesión de parte relevo de pruebas. Si el propio Rocha Moya declaró esas cosas abiertamente a los medios, y ahora es públicamente conocido que recibió por diversos conductos cientos de millones (del narco) durante su campaña, las autoridades superiores ya le hubieran retirado del cargo de manera inmediata e iniciar la investigación necesaria. Sobre todo, después de conocerse la carta del capo Ismael “el mayo” Zambada, por lo que la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación (o ampliar la que se tuviera ya) y llamarle a declarar de inmediato. No como lo hizo Ulises Lara con Corral. Sino como lo establecen las leyes mexicanas.
Hay tantos indicios y presunciones, que cualquier procurador y/o fiscal con mediana experiencia y conocimientos jurídicos puede formar una causa sólida en contra de ambos. Basta ya que la palabra de López Obrador lanzada desde la “mañanera” esté por encima de la Constitución y las Leyes Penales de este país. El no es ni representa la justicia, como tampoco debe interpretar quien es culpable o inocente. Para eso se crearon y existen las instituciones legales que nos llevaron dos siglos en ir perfeccionando, que no lo están, todavía, pero que son las que saben, interpretan y deben aplicar la ley. No López Obrador al estilo del césar romano; levantando o bajando el pulgar.
México necesita ser rescatado de inmediato de este nauseabundo narco estado, de lo contario, el inicio de una narco-dictadura ya se ha iniciado. Estamos a tiempo, cuando menos la mitad de los mexicanos estamos en contra de tal engendro del mal. Ni nosotros, ni nuestros hijos y nietos nos perdonarían quedarnos callados ante semejante desgracia y desviación.
Nadie votó por una narco dictadura. Es momento que todos los ciudadanos alcemos la voz y exijamos el retorno a la legalidad, al orden constitucional. Exigencia en la que todos debemos Participar: legisladores, poder judicial (federal y estatales), gobernadores (cuya fidelidad sea con México antes que a su partido político), empresarios, comerciantes de todos los tamaños, campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, todos, participación en la que la prensa, medios electrónicos y digitales señalen con firmeza lo que está ocurriendo e informen con la verdad a sus lectores, televidentes y oyentes.
Libros como “La historia secreta. AMLO y el cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, al igual que otros y videos sin fin que se encuentran en internet, así como la carta del Mayo Zambada, y, por supuesto, solicitar al gobierno de Estados Unidos la información que tengan al respecto, tanto de AMLO como de Rocha Moya (de sus nexos con las bandas de narcos). Ambos indignos (e incapacitados) para continuar en los cargos. Ni la presidencia, ni los gobiernos de los estados deben ser refugio para delincuentes. El voto de los mexicanos se concede en esperanza para mejorar la vida y condiciones de todos. No pare someter al país a catervas de facinerosos con disfraz de políticos. Y no se le falta al respeto a nadie. Al contrario, se nos faltó al respeto a todos los mexicanos.
¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!
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