Cuando era gobernador Francisco Ramírez Acuña los asesinatos que ahora les llaman “ejecutados” aumentaron de manera alarmante. En un desayuno entrevista acompañado de varios compañeros de los medios, al entonces Procurador (que luego supliría interinamente a su jefe) le cuestioné acerca de este fenómeno y de la notoria indiferencia de la dependencia a su cargo por resolver esos crímenes, y por respuesta tuve un simple “son ajustes de cuentas entre bandas”. Su respuesta no me satisfizo en absoluto pues el deber de una autoridad es investigar y detener a los responsables, por lo que como abogado y periodista le reconvine.
Como todo ciudadano sabe, la impunidad es la mejor invitación a delinquir. Es la puerta que abre el acceso a criminales y delincuentes de todo tamaño y peligrosidad, pues al desaparecer el portero de la legalidad el temor a las consecuencias de las malas acciones desaparece.
De entonces a la fecha la sangre derramada en este país es mucha y más de un noventa por ciento los asesinatos han quedado impunes. Los noticieros más importantes de la televisión se han convertido en revistas de nota roja y radio y periódicos día con día dan cuenta de nuevas masacres sin que la necesaria indignación de los medios se note ya, pues se han ido acostumbrando a lo que jamás deberían aceptar, transmitiendo a televidentes, radioescuchas y lectores la simple narrativa de un hecho que parece ya es parte de lo cotidiano.
No hay día en el país que en varias zonas los asesinatos de grupos de personas, o de una o dos no sucedan, la constante es que jamás detienen a nadie y prácticamente todos permanecen impunes. ¿De qué sirve que el gobierno federal, los estatales y los municipales gasten verdaderas fortunas en sueldos, equipos, armamento, patrullas, etcétera, si los resultados son nulos?
Siempre llegan después y solo para aparentar que trabajan, aunque nomas estorben el tráfico y entorpezcan las ciudades ya de por sí cargadas de conflictos (a poner listones, varias patrullas con las torretas encendidas, policías hablando por teléfono, forenses vestidos como astronautas recogiendo posibles evidencias, etcétera). A final de cuentas nada de este gasto y faramalla servirá. Todo quedará en el archivo para justificar tan onerosa burocracia.
Para agravar la cosa el gobierno de los vecinos del norte (digo el gobierno, no el pueblo) se ha dedicado a dañarnos a los mexicanos, aunque el fascista Trump ha rebasado todos los límites. Bastará recordar la operación “rápido y furioso” con la que inundaron México de armas que fueron a parar a manos de los delincuentes, acción que quiérase o no, en el fondo, es para desestabilizar un país, lo peor es que ya lo lograron.
En nota reciente nos enteramos que anualmente entran a nuestro país 213,000 (doscientas trece mil) armas, de las cuales el 70 por ciento son adquiridas legalmente (El Universal, 3/Feb/2018). Con amigos así para qué queremos enemigos.
¿Por qué no dice nada el Sr. Donald Trump de esa venta de armas o la impide? ¿Por qué permite que sus criminales nos hagan eso y nos dañen tanto y derramen tanta sangre en nuestro país? El se queja de que nuestros migrantes, que van de agricultores, albañiles y a hacer duros trabajos que los güeros no realizan ya desde hace muchos años, son “delincuentes” y los trata como tales, en cambio a sus delincuentes y traficantes de armas con las que han convertido México en un pueblo enlutado (ya no como Yahualica en la obra clásica de Agustín Yáñez, sino todo México) no los toca en absoluto.
Varios son los puntos clave de este terrible problema que año con año ocasiona decenas de miles de asesinados, muchos de los cuales son personas ajenas a los delincuentes. Y nada de que estaban en “el lugar equivocado a la hora equivocada”, expresión horrenda que justifica a los criminales y abona a la impunidad, cuando en un país de orden y legalidad el ciudadano puede y debe transitar con libertad.
El pacto social contemplado por J.J. Rosseau y hecho propio por la mayoría de los países occidentales contempla deberes y responsabilidades diversas, que en el caso de nuestros gobiernos en las tres instancias y desde hace casi tres lustros, han fallado en seguridad de manera total. El reinado de la impunidad campea aterrorizando a los ciudadanos.
Ante esta compleja situación urge resolver de inmediato dos puntos. El primero: el inútil sistema penal endilgado por los norteamericanos, que, o se modifica de acuerdo a nuestra cosmovisión y circunstancias, o de plano se desecha de inmediato (y regresar al de siempre) toda vez que en este momento los criminales son los dueños del país (mientras la clase política disimula con compañas archi mega ultra recontra costosísimas que a nadie interesan y solo derrochan un dinero que se requiere en otras necesidades sociales urgentes).
El segundo: que para que se ejerza la ley y su imperio retorne, es necesario que el sentido de autoridad se reestablezca. No se está diciendo autoritarismo ni violencia oficial injusta, sino hacer uso de la fuerza del estado para poner orden en un país que nada en mares de sangre. Incluso, si para ello fuere necesario por un tiempo y en lo que se vuelve a la normalidad que el Ejército permanezca en las calles que se quede; entendidos que quienes se oponen -por muy romántica que les parezca su postura. Nomás le hacen el juego a las bandas delincuenciales.
México, no se si lo merezca o no, pero sí desea vivir en paz y que este clima de asesinatos se acabe con el imperio y restablecimiento de la ley, para lo cual es necesario que desaparezcan también los gobiernos de utilería y se retorne a los gobiernos de verdad ¿O usted qué considera, estimado lector?.
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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