Ser o no ser, ya lo dijo Shakespeare. En el caso de la Secretaría de Vialidad Jalisco (Tránsito, pues), el problema, y grave a manera de desahucio, es que no es. No funciona en absoluto. La sociedad le considera muerta o cuando menos desahuciada y quienes cobran por mantener esa Secretaría supuestamente viva, lo hacen a la manera de la leyenda del Cid Campeador (que ya muerto es montado sobre “Babieca” para intimidar al ejército moro). No se quieren enterar, mucho menos aceptar, que no sirve para nada, que carece de toda función social; si acaso recaudatoria.

Bastaría con que salieran a la calle el Jefe, directores y demás personal que cobran la nómina de esa Secretaría (que son muchos millones), no en patrullas ni con escoltas, solos, conduciendo sus autos como cualquier mortal para darse cuenta que la zona metropolitana de Guadalajara (integrada por varios municipios) es un verdadero caos. Un odioso estacionamiento ya casi a todas horas.

Entre las cosas que quedan claras, es que el negocio de las licencias es eso, negocio, una simple manera de recaudar. Y es que no todas las personas tienen la capacidad de conducir tomando en consideración las reglas de la ley, el tráfico, mantener cierta velocidad, etcétera. Téngalo por seguro que cuando menos un 15 por ciento de los conductores de Jalisco en Estados Unidos, por poner un ejemplo, no obtendrían la licencia. En cambio aquí mientras cubran el importe no hay problema (los problemas lo causan esas mismas personas a diario en las calles).

Mientras que en los años 60 y 70, luego de un choque que por supuesto no había tantos, el agente de tránsito en 5 o 10 minutos ya estaba, que si bien no siempre llegaba en la mejor disposición, había un representante de la autoridad que levantaba de inmediato el croquis y pormenores para luego resolver en la Secretaría.

Hoy en día suceden cosas no extrañas, sino detestables. En primer lugar luego de un choque es más fácil que pase por el sitio un astronauta venido de la Estación Espacial a que llegue un oficial de Vialidad para resolver el problema. Pueden pasar literalmente horas (en López Mateos, Lázaro Cárdenas, Vallarta, o la que usted guste), el tráfico volverse lento e insoportable y la autoridad jamás aparece. El tráfico desquiciado, los automovilistas con el calor, la lluvia o el frío a punto del colapso, y el gobierno que le cobra impuestos por todo, incluido por transitar su auto (refrendo), le abandona a su suerte.

Si alguno de los involucrados tiene seguro, llegará un particular a nombre de la empresa aseguradora y tomando atribuciones que la ley no le concede, como si fuera funcionario público se considera señor de horca y cuchillo para resolver. Y como Vialidad en la práctica ya no existe, pues el susodicho particular hace y deshace como le viene en gana. ¿De qué sirven tantos teléfonos con cámara si no son utilizados de manera auxiliar y poder mover los autos para que no estorben?

Nadie respeta la ley y los conductores que lo hacen son vistos como “tontos”, de manera que muchos se pasan el alto, dan vuelta en lugar prohibido, se estacionan donde no se debe y hasta en doble o triple fila. No pasa nada. Vialidad ya no existe.

Miles de conductores tortuga violan a todas horas la ley (ir demasiado despacio también es infracción) van por el carril izquierdo y no se mueven por nada, ocasionando no solo accidentes a causa de su necedad, sino filas kilométricas que a manera de cortejo fúnebre les siguen hipnotizados produciendo mayor contaminación. Y no hay quien les llame la atención, que les obligue a mantenerse en el carril derecho (pues no hay muchas opciones). Desde los gobiernos de Alberto Orozco Romero, Flavio Romero de Velazco y Guillermo Cosío Vidaurri no se han vuelto a construir grandes avenidas y calzadas. Al contrario, las han reducido para las bicicletas ¡Asómbrate Ripley!.

Las motos de baja cilindrada que no pueden circular por los carriles centrales de López Mateos y Lázaro Cárdenas, todos los días y a todas horas zigzaguean ante el horror y temor de los automovilistas, sin que nadie se los impida. Lo dicho, Vialidad ya no existe.

En el corrupto gobierno de Emilio González Márquez (que hasta este momento no ha rendido cuentas) se inventó el asunto de las “fotoinfracciones”, lo cual no está mal, es un factor disuasivo. Sin embargo y como casi todo lo que tocan nuestros gobiernos, de inmediato perdió el sentido de su creación convirtiéndose en mero asunto recaudatorio, lo que es peor, no para engrosar las arcas públicas sino como negocio de particulares. Es inadmisible semejante cosa.

Por si no fuera suficiente tanta adversidad para el ciudadano, el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro se ha sumado con sus absurdas medidas a este terrible cóctel letal, cuando menos para los habitantes de la capital de Jalisco. Entre sus ocurrencias y queriendo quedar bien con los jóvenes ciclistas le ha quitado a la ciudad cientos de kilómetros de carriles de autos, dejándolos exclusivos para bicis (tirando en eso una millonada que en Salud se requiere).

En su desatino este absolutista del siglo XXI, en lugar de exigir a los grandes negocios que aporten el estacionamiento para sus clientes, se ha ido a la yugular de los vecinos de esos negocios que al perder sus espacios en la calle tienen que estacionarse en la rampa de sus propias cocheras. No en el espacio peatonal (banqueta) sino en el espacio de la rampa, lanzando sus mastines con folios de $3,200 pesos por estacionarse en su propia casa, aumentando la angustia de los ciudadanos que no ven en sus gobernantes sino a meros opresores que les han despojado de toda libertad, mientras que en las calles no hay quien ponga orden (robo de autos, autopartes y cristalazos a la orden del día).

Tal parece pues que lo que sucede con la Secretaría de Vialidad es un reflejo de la disfuncionalidad e incapacidad de los gobiernos posmodernistas. Duele decirlo pero aun sus discursos son de poca sustancia (para decirlo de manera suave), exhiben su falta de capacidad, conocimientos, compromiso y visión de estado. El valioso y necesario campo de la política ha sido asaltado por toda clase de bucaneros, filibusteros, e improvisados ambiciosos..

Jalisco, pues, está urgido de una Secretaría de Vialidad que funcione en las calles y le resuelva al ciudadano el caos que se vive en calles y avenidas. Que deje de estar fastidiando al gremio camionero (ha enviado ya a la quiebra a la muchos de los dueños con una tarifa tan baja y combustibles tan caros) y procure resolver también los problemas de ellos, que también son ciudadanos, de lo contrario otro gran problema estaría próximo a estallar. Lo dicho pues ¡O funciona Vialidad o desaparece! ¿Qué considera usted, estimado lector?

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

Email: mahergo50@hotmail.com

Tuvo razón el gobernador Aristóteles Sandoval, al declarar a causa de un linchamiento ocurrido en el centro de Guadalajara: “estoy consciente del hartazgo que vive la gente, por supuesto que ya no soportan cuando se afecta su patrimonio, ver cuando algo sucede en la calle”(Milenio, 24/May/2017) ¿Y qué sucede en la calle? Asesinatos, extrema violencia, robos, asaltos, extorsiones, fraudes, despojos, etcétera, etcétera. Todos, o casi todos impunes.

El clima de violencia que impera en el Estado no es peor por la misericordia Divina, más no por la acción de la autoridad, que dicho sea de paso además de costar una fortuna, resulta casi ornamental. Cierto, se trata de una herencia venida del gobierno de Alberto Cárdenas, acrecentada con Ramírez Acuña y desbordada con Emilio González Márquez. El problema es que lejos de resolver esta crisis de violencia y criminalidad, el gobierno pretende resolver este y los demás problemas con declaraciones ante los medios.

El gobierno federal en un intento por revertir esta grave situación que no solo afecta a Jalisco, implementó el nuevo sistema penal que lejos de mejorar la paz social y la impartición de justicia, lo cierto es que solo le ha abonado a la impunidad a causa de su ineficacia (auxiliado por la corrupción de quienes deben de aplicarla, exhibiendo de paso la incapacidad de tantísimos funcionarios y empleados de la ahora llamada Fiscalía General del Estado.

No cabe duda que el peso y significado de las palabras marcan la mayor de las veces el rumbo. Cuando esta institución tan necesarísima para la paz y la estabilidad social se encontraba en la Calzada Independencia, sus enormes letras en la fachada «PROCURADURÍA DE JUSTICIA» alentaban la esperanza del ciudadano que subía aquellos peldaños de granito antes de ingresar; la certeza de que iba a ser atendido en su denuncia; que sus agravios serían resarcidos a través de la intervención de esta institución pública.

Hoy en día su heredera la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ni ofrece justicia, ni tampoco la concede. El grado de impunidad a la que se ha llegado (más del 98 por ciento de los delitos que se cometen no llegan a sentencia) exhibe sin retoques el fracaso en este ámbito de los últimos cuatro gobiernos estatales, incluido por supuesto al actual.

     ¿De qué sirve tener dos enormes instalaciones con un mundo de personal en la FGE de la zona industrial, si la justicia no se imparte?Las filas de querellantes son atendidas más como parte de los deberes de un empleo, que con la convicción de conceder justicia al ciudadano agraviado, pues a final de cuentas la mayoría será archivada sin resultado alguno. Han olvidado que una de las prioridades del estado es atender los reclamos de justicia de la sociedad,  fundamentales para el equilibrio social, el desarrollo económico, y la paz de los ciudadanos.

    La nueva ley penal más parece haber sido redactada por los abogados de los cárteles, que por legisladores que representan y procuran la paz y el bienestar del pueblo que les concedió el voto. Una ley mal hecha, obsesionada por los derechos de los delincuentes y negligente casi en absoluto con víctimas y agraviados. Ni qué decir con su desorden en la redacción (una ley confusa que exhibe la mente de quienes la hicieron).

     Por si no fuera suficiente adversidad, una burocracia pachorruda e indolente en las Agencias del Ministerio Público, inhibe al ciudadano en su necesidad de justicia, de tal manera que las estadísticas del delito bajan no porque haya resultados de la autoridad, sino que a causa de su inmovilidad se prefiere ya no denunciar ¿para qué, para traerle vuelta y vuelta sin resultado alguno?

Pueden pasar semanas o meses enteros y las averiguaciones donde mismo. Las pueden cambiar a otra oficina para aparentar que avanzan, pero solo en metros, no en su trámite procesal. El daño del ciudadano agraviado parece no importar en absoluto al estado, solo las elecciones y el presupuesto. La formación y concientización del servidor público en sus funciones parece ser cosa del pasado, pues ya ni siquiera les funciona el sentido común, son repelentes al dolor y el agravio del querellante. Pedir empatía para con su prójimo es experiencia desconocida del todo. Dios está ausente en los hechos (sabemos que en un gobierno laico así son las cosas) sin embargo las acciones reflejan principios y por los resultados, en la FGE solo se manejan estadísticas, no se atiende a personas reclamantes de justicia.

El uso de eufemismos es otra muestra de un sistema penal que pretende quedar bien con los criminales para desentenderse de los ciudadanos agraviados. Un ejemplo: para que el delincuente no se sienta mal ya no se llama averiguación, se nombra “carpeta de investigación”. Además, ya todos son “presuntos”, aunque los delitos que se les achaquen sean muchos, graves y evidentes. Fotos, ¡ni pensarlo! Pueden mentir hasta el infinito y en ningún momento serán molestados para que se conduzcan con verdad.

Se trata también de un asunto de dineros. Meter y mantener en la cárcel a los delincuentes cuesta y no poco, más que nada por la corrupción en el manejo de esos dineros (que son multimillonarios). Para darnos una idea, el gobierno federal gasto en 2014 más de $1,703 millones de pesos, mientras que el de Jalisco gastó $1,185 millones, cantidades que en el presente han sido superadas pero que se procura no se conozcan. ¡Mejor no los detenemos! Pensarán, así no gastamos ¿No sería sano que revisen que se hace con esos recursos y procurar su eficientización para bajar costos? El delincuente no está de vacaciones en la cárcel ¿O sí? (después de ver el video de Puente Grande pues parece que para algunos sí son vacaciones).

La justicia reclamada por el ciudadano está siendo negada, por eso es que no pocos consideran que el PRI no regresó al gobierno de Jalisco, si acaso la franquicia. Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, así, con mayúscula, tuvieron mucho cuidado en poner orden y meter a la fauna criminal en cintura (hasta donde les fuera posible).

     Hoy en día la mayoría de los funcionarios (sin distingo de partido)con la comparsa de los principales medios y una estela de ONG’S, con o sin intención, son en la práctica verdaderos defensores de los delincuentes. Un malentendido interés por los “derechos humanos” de los delincuentes ha relegado el derecho y reclamo de las víctimas al sótano de los trebejos, fomentando con ello la delincuencia y la impunidad.

Ciertamente hay hartazgo social, pero de esos hartazgos la historia nos muestra las consecuencias de no atenderse. Estamos a tiempo. Tenemos instituciones y recursos, se requiere por tanto de voluntad política y decisión para poner orden ¿O usted que considera estimado lector?

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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Honor a quien honor merece, escatimar logros de otros o concedérselos a quien no les corresponden, ya sea por ignorancia o amistad, además de afectar a terceros, descredita a quien los concede. Ni qué decir de la pérdida de credibilidad social y deméritos futuros.

Entre las muchas máximas, tan propias y utilizadas en el campo de la abogacía, hay una especial que se ajusta a nuestro tema de hoy «El que es primero en tiempo, es primero en derecho». El asunto viene al caso porque en días recientes falleció una persona (La Lic. Silvia Blanca Silva Barragán) a la que el gobierno actual del Estado le concedió ante medios y sociedad, el carácter de la primer mujer en Jalisco en ejercer el cargo de Notario Público.

La cuestión es que esto no es exacto y la afirmación del gobierno estatal pudo lastimar a terceros, no se diga entre mujeres, pues se tendrá qué decir que antes que esta persona fallecida, hay otra que recibió el FIAT de Notario Público antes que ella, por tanto un derecho.

Se trata de la Lic. SARA ELISA ORTEGA GARNICA, quien después de ser interrogada y protestada debidamente por el entonces Gobernador, Lic. Guillermo Cosío Vidaurri, el día 19 de Noviembre del año 1990, le fue concedida la llamada Fe Pública, como suplente en la Notaría Pública No. 3 de Zapotlanejo Jalisco.

En el caso de la Notaria fallecida, la Lic. SILVIA BLANCA SILVA BARRAGÁN recibió el Fiat cuatro días después, es decir, el 23 de noviembre de ese mismo año de 1990, como suplente de la Notaria Pública No. 7 de Tlaquepaque (San Pedro), lo que la convierte en la segunda.

No se trata de restar méritos personales, de ninguna manera. Se trata de que el orden social mantenga las cosas en su tiempo y lugar pues la historia debe cuidarse con el esmero y pulcritud que se requiere. ¿Podríamos poner a Morelos antes que a Hidalgo? Y no nos referimos a méritos personales, no es la intención en absoluto. Simplemente y ante la posible ofensa a quien llegó primero a una Notaría desde el mundo femenino, se aclara y reconoce desde este espacio periodístico a la Lic. SARA ELISA ORTEGA GARNICA como la primera mujer en Jalisco a la que se le confirió la Fe Pública, es decir, una Notaría.Aclarado el error que quizá haya sido involuntario por quienes lo hicieron desde el gobierno del Estado, pasamos a otro tema.

¿Y LOS OTROS HUACHICOLEROS QUÉ?

     Tal parece que en el México posmodernista todo se mira bajo una extraña cosmovisión de las cosas. No deseando hacer una lista de lo que todos sabemos y muchos no quieren que se diga, de hecho les molesta, nos limitaremos a un asunto que nos atañe a todos los mexicanos: ¡El robo de gasolinas!

Todo mundo habla de los ladrones de combustibles, de su cinismo, violencia, fortunas mal habidas, de la bajeza y ruindad a la que han caído pueblos y comunidades enteras, pero nadie habla de sus socios. Sí, sus socios, me refiero a los compradores.

      Y es que sin los compradores téngalo por seguro que dicho delito o no existiría o sería casi imperceptible. Pero no, el monto de lo robado es de miles de millones de dólares anuales, dinero que pagamos entre todos los ciudadanos (y turistas que nos visitan y consumen gasolinas) pues a final de cuentas alguien tiene que pagar ¿O cree algún ingenuo que subió la gasolina solo por los vaivenes del dólar? De ser así ya hubiera bajado, y además, no hubiera subido tanto en su momento.

A propósito ¿nadie podrá obligar a tanto empresario y comerciante ladrón ―a propósito de ladrones― a que bajen los precios de lo que subieron a principios de año con el pretexto del dólar alto? Sí, porque ya bajó y en promedio en las casas de cambio el dólar se vende a $18.00 pesos, y los bribones lo cargan al consumidor hasta en 22 y 23 pesos.

Retornando a los otros ladrones, quienes compran las gasolinas y diésel robado son tan delincuentes como los que lo extraen de los ductos, ocasionando entre unos y otros además del descalabro a las finanzas del pueblo (manejadas por los gobiernos), el debilitamiento del estado con todo lo que esto significa. Hablar de sus consecuencias, baste decir que es jugar con lumbre tan peligrosa para el país como los incendios que ocasionan a diario los ladrones de gasolinas.

¿Y los congresos? Tal parecen que para nuestros legisladores solo les interesan dos cosas: el presupuesto y las elecciones (en ese orden). Téngalo por seguro que si se detuviera al que vende y se multara al que compra casi de inmediato se frenaría esta plaga que está royendo los bolsillos de todos los que compramos gasolinas y minando la estabilidad nacional.

    Sería bueno que al que pescaran comprando gasolinas por primera vez lo multaran con $ 1,000 pesos. En caso de reincidir con $ 3,000 mil y si hubiera una tercera vez con $20,000 mil, y de no escarmentar, pues a compartir celda con sus compinches.

¿O no saben que al comprar gasolinas robadas son también parte del crimen organizado? Que buscando el “ahorro” además de alentar este delito, perjudican a muchos sectores de la economía nacional que compran los combustibles al precio real y por las vías legales, provocando quiebras y pobreza a causa de las condiciones de desventaja.

Falta pues que los medios hagan su trabajo completo y en un abandono de marchar solo por lo “políticamente correcto” y esa terrible interpretación de los “derechos humanos” a las que son tan afectos,denuncien a los otros huachicoleros, a los que compran lo robado, pues a final de cuentas son tan ladrones como los que se los venden.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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Hay quienes en su egoísmo o en su postura radical son capaces de quemar su casa por tal de ver arder la ajena. Esta en buena medida en la situación del país a causa de los enconos, viejos y recientes, con o sin razón. Los odios heredados por la costumbre, las posturas partidistas radicales e intolerantes, incluso porque los demás lo hacen (ni qué decir de aquellos hartos de tanta corrupción e impunidad) tienen al país en gran desunión; situación que nos hace vulnerables en muchos sentidos.

El avance desmedido de la delincuencia tiene en buena medida origen en la desunión. La crítica inmediata contra la fuerza del estado cuando trata de hacer valer la ley y poner orden y hacerla pasar como “represión” es causa inmediata, grave además. El pretexto absurdo de que porque la autoridad es de origen priísta, además de maniqueo, ha logrado en pocos años hacer que los gobiernos en los tres niveles se conviertan de utilería (con la complacencia a rabiar de toda la clase delincuencial, con o sin organizar).

Peor todavía, con el aval de algunos de los llamados medios “grandes”, los que con frecuencia linchan al Ejército o las policías (que intentan proteger al pueblo y hacer valer el estado de derecho) y defienden a las bandas delincuenciales ¿Así, o más torpes? Pensar que en medio de las balas se tiene la mente como la tienen otros desde la comodidad de su escritorio, además de absurdo es realmente tonto. Cuando la vida se está arriesgando las decisiones carecen de la lógica del escritorio.

     Nadie más feliz que los violadores de la ley cuando se califica al gobierno de “represor”, cuando a través de la prensa o de manifestaciones se le inhibe para que no cumpla con su deber de imponer el estado de derecho, pues es obvio que sin la aplicación de la ley la democracia se convierte en una entelequia, en una palabra sin sentido ni contenido.

Desde 1968 un maniqueísmo originado por los viudos y usufructuarios del llamado movimiento estudiantil (alentado por el PRD, Morena y demás) ha infectado al centro y sur del país con una visión torcida de las cosas, en la que todo lo que hace el Estado es malo, y todo lo que hacen ellos es “justificable” (aunque violen cuanta ley existe y delincan a los ojos de todo el país) ¿Acaso los ayotzinapos asesinados en Iguala no andaban de delincuentes? ¿De qué viven sus padres desde entonces? (cuando cualquier padre de familia de las decenas de miles que han sufrido muertes de sus seres queridos en este país, pasado el funeral, se ven obligados a retomar su modo de vida para poder subsistir) ¿Cómo se atreven a pedir justicia los familiares y amigos de los asesinos y roba combustibles, cuando ellos asesinaron primero a policías y soldados?

En el Contrato Social, Jean Jacques Rousseau advierte acerca de la condición de todos aquellos que rompen con el estado de derecho:

―”Todo malhechor, al atacar el derecho social, se vuelve por sus delitos, rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al violar sus leyes; e incluso le hace la guerra. Entonces, la conservación del Estado es incompatible con la suya; es necesario que uno de los dos perezca; y cuando se hace morir al culpable, es más como enemigo que como ciudadano” (Editorial Lozada, Argentina, pág. 67).

Ver en la televisión a las familias de los delincuentes bloqueando autopistas, impidiendo que el ejército les destruya los plantíos de ese veneno llamado amapola, de impedir en el Estado de Puebla que las autoridades pretendan frenar su multimillonario negocio de gasolinas robadas, o en estos día exigir justicia por sus parientes y amigos que asesinaron previamente a los militares, no solo indigna por su descaro: es muestra inequívoca de un mundo al revés, de un pueblo que comienza a tener daltonismo de valores. Habrá que recordar lo que establece la Constitución: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho” (art. 17).

Aun el Creador ha dejado su voluntad expresa a todos los pueblos para que la convivencia social pacífica sea posible. La Biblia nos exhorta: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad; a lo establecido por Dios resiste” (Rom 13:1-2). Obsérvese que no dice que siempre obran bien, dice que Dios ha permitido que lleguen a ese sitio de responsabilidad para que hagan lo justo, pues quieran o no, un día llegarán ante Su presencia a rendir cuentas (y ahí no valdrán las amistades y no habrá impunidad).

     Así que basta ya de tanta farsa y tanto farsante. La ley se hizo para cumplirse y el contrato social que mantiene (aunque muy debilitada) unida la República, requiere de ya unidad en torno al Presidente Enrique Peña Nieto y las Instituciones públicas. Pretender cuidar los “derechos” de los criminales sin antes proteger los de todo el pueblo y los intereses de la República, es una forma pragmática de suicidio social.

GRIPE AVIAR ¿O TERRORISMO COMERCIAL?

El gobierno de Trump no para en sus escándalos y torpezas. Envalentonado con algunos grupos de incondicionales decidió en días pasados dar por terminado el TLC. ¡Oh sorpresa! Sus cercanos colaboradores, tan ignorantes y habladores como él, no estaban informados de los alcances de este tratado, pues en el desatino político de su jefe estuvieron a punto de mandar a la ruina a sus principales apoyos que les llevaron a la Casa Blanca, es decir, ¡los campesinos!

Sabemos que Donald tiene su mundo reducido a la farándula, los casinos y el campo de golf ¿Qué caso tiene enterarse de todo lo que sucede y afecta a su país?, es obvio que le entorpecería su vida hedonista y frívola. En su limitada visión de las cosas este embustero profesional (tan parecido a Vicente Fox) desconocía que varios Estados viven casi totalmente de los granos y carne que venden a México, los que horrorizados con la noticia de Trump de desaparecer el TLC, le hicieron de inmediato dar marcha atrás (con el consabido ridículo y calificativo de “chimontrufio”).

La cuestión es que en la producción de pollo y huevo nuestros paisanos de Los Altos de Jalisco son toda una potencia a nivel mundial. Hace 5 años les hicieron un teatrito de tal magnitud nuestros vecinos del norte –con el pretexto de la “gripe aviar”-, obligándoles a matar millones de aves con pérdidas por $8,617 millones de pesos (El Economista 11/May/2017). Claro, de paso eliminaban a un competidor que en lo comercial les da a varios países hasta por debajo de la lengua. Por eso es que el anuncio en algunos medios extranjeros de la existencia de gripe aviar en Tepa, cuando nadie sabía en Tepa de tal situación (y de hecho no existe) nos hacen pensar con lógica y suspicacia que se trata de mero terrorismo comercial para abrir camino a la importación de huevo yanqui, chino y de otros países. Ver para creer, así que ¡ánimo paisanos!, no se dejen. Así como los agricultores y ganaderos yanquis hicieron a Trump que los defendiera, igual hagan con las autoridades mexicanas, es lo justo.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

Email: mahergo50@hotmail.com